José Ignacio Wert, ministro de educación, cultura y deporte del Gobierno Rajoy.
Por Jesús Salamanca Alonso / No me detendré excesivamente en la nueva ley de educación. De aquí hasta que llegue a implantarse se leerán críticas para todos los gustos. Precisamente en esa discrepancia es donde está la calidad de cualquier cuestión y los pasos más firmes para la mejora permanente.
Hay una medida en la reforma que ha levantado excesiva polvareda. Me refiero a la medida, según la cual, el director de un centro público puede fijar requisitos concretos para los puestos que oferte el centro al personal docente, incluso la posibilidad de rechazar o nombrar interinos. ¡Estamos ante una atrocidad sin precedentes! Es curioso, actualmente no deja ‘tocar bola’ la administración educativa en temas de profesorado — –incluso planifica a tontas y a ciegas, en muchas ocasiones, y siguiendo criterios meramente economicistas — y, de repente, va a dejar que cada director planifique un centro a su conveniencia. Para echarse las manos a la cabeza.
La LOMCE sigue manteniendo muchos errores que dice querer eliminar. Se observan numerosas contradicciones ya que las medidas que se quieren implantar precisan de un claro aumento de profesorado y esto ya dicen las comunidades autónomas que ni hablar. Es prácticamente imposible casar realidad con aspiraciones. Se aumentan los recortes y cae el PIB anual,… ¿De qué estamos hablando, señor ministro? Por favor, hay que ser razonable y consecuente.
La nueva reforma, por otra parte, deja sin resolver muchas cuestiones que son importantes en este momento. Después del último informe de PISA sobre los adultos (reitero que no creo en los informes PISA ya que fallan por la base y el estudio inicial), el MECD ni siquiera se ha planteado la necesaria reforma de los centros de educación de personas adultas; ello hace que, comunidades como Castilla y León, hayan hecho reglado hasta las enseñanzas que no lo son, contraviniendo su propia de Ley de Adultos del año 2002.
Nos encontramos con una ley que será derogada y cambiada tan pronto como el PP pierda la mayoría absoluta, lo que quiere decir que los docentes volverán a soportar cambios sin tardar. La brecha entre el Estado y las comunidades –y de éstas entre sí—sigue ahondándose. La vertebración del sistema no se ve por parte ninguna, ni siquiera en la intención. El cambio de estructura del sistema es un peligro, porque será efímero. La propia ley se olvida del profesorado en exceso, lo que quiere decir que la calidad y el compromiso político carecen de lugar.
Si a esto último unimos que algunas comunidades han anunciado que la reforma no va con ellos, pues estamos ante otro fracaso de envergadura, sobre todo porque la enseñanza del castellano va a ser difícil que pueda garantizarse en todo el Estado; el derecho a la lengua común y a las vehiculares no parece que estén dispuestos algunos a compaginarlo.
En fin, al tiempo. No tardarán en verse los errores de la reforma. Por cierto, los errores son muchos y de importancia.
