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Las nuevas revelaciones sobre el soplo a ETA en el bar Faisán muestran con toda su crudeza la claudicación del Gobierno y de los aparatos del Estado que controla ante la banda terrorista. Que el Ministro Alfredo Pérez Rubalcaba ha estado mintiendo todo el rato es algo obvio, y ahora ya está claro que miembros del Gobierno a las órdenes directas de Rodríguez Zapatero han estado negociando con la banda terrorista ETA desde siempre, entre ellos Jesús Eguigüren, Presidente de PSPV, y Javier Moscoso, ex Fiscal General del Estado que estuvieron en Suiza entrevistándose con Otegui.
Resumiendo, las actas que minuciosamente levantaban los negociadores de ETA de sus conversaciones con los interlocutores del Gobierno desvelan un amplio repertorio de concesiones: En estas reuniones que fueron hasta 26, y en ellas el Gobierno llegó a ofrecer a los terroristas cuestiones tan importantes como, la anexión de Navarra al País Vasco, la destitución de ciertos políticos, jueces y fiscales que no podían aceptar componendas, como José Bono de ministro de Defensa, la destitución de Fuigairiño como Fiscal General del Estado, desde una supuesta orden a las fuerzas de seguridad, tanto españolas como francesas, para que no se produjeran más detenciones hasta la posibilidad de engordar las finanzas etarras al margen del mal llamado impuesto revolucionario, así como las quejas del propio Gobierno sobre las víctimas, algunos jueces, el PP y determinados medios de comunicación o los cambios de ministro y de fiscal como pruebas evidentes de la voluntad gubernativa de superar cualquier obstáculo en la negociación con ETA.
Sobre esa premisa, los nuevos datos procedentes de los documentos incautados a la banda describen un contexto en el que todo valía con tal de asegurar el éxito de una negociación que la banda decidió abandonar con la bomba en la T-4 que causó dos víctimas mortales.
Hoy desde la Comisión de Seguridad del Congreso se le ha preguntado por enésima vez a Rubalcaba sobre el chivatazo del Bar Faisán, una vez el comisario que Ballesteros haya confesado que fue él quien estuvo allí cumpliendo órdenes en el momento que se produjo el chivatazo. La única reacción del ministro Rubalcaba ha sido el silencio, un espeso mutismo con el que pretende desacreditar la fuente de estas informaciones. Es obvio que ETA carece de toda credibilidad democrática, pero también es obvio que sobre la veracidad de las actas de ETA hay un consenso generalizado en atribuirles características cuasi notariales. El juez Ruz ha pedido al Gobierno la presentación de las actas en su poder que se guardan en un banco suizo para contrastarlas y el Gobierno está haciendo oídos sordos a esta petición. Ello hace pensar que los documentos de ETA tienen toda clase de verisimilitud.
Pedir explicaciones a Rubalcaba, que el pasado viernes estaba graciosillo con esta cuestión sobre esas negociaciones, es un esfuerzo que no por inútil deba dejar de practicarse, así como exigir su dimisión, otro desempeño tan frustrante como inevitable ante el cariz del caso Faisán y las grotescas y groseras implicaciones del titular del Ministerio, de su número dos y de algunos responsables policiales.
No parece factible que el ministro deje de cantar bajo la ducha para cantar ante un juez, pero parece que el jefe de la oposición le dedicará algo más que una pregunta de rigor en la próxima sesión de control. Los últimos datos sobre esa negociación con ETA deberían provocar en el PP una seria reflexión sobre el apoyo que Rajoy presta al Gobierno en materia antiterrorista. No se trata de romper ningún consenso entre otras razones porque el propio Rubalcaba y los enviados gubernativos hacen befa y mofa del Pacto Antiterrorista, sino de ejercer la oposición con la contundencia necesaria para que, al menos, Rubalcaba no se crea que está por encima del bien y del mal, que no le afectan los supuestos delictivos que se infieren de lo acontecido en el bar Faisán y en los contactos con la banda armada.
Estamos ante el caso más grave ocurrido en este país desde el advenimiento de la democracia y si el juez es capaz de demostrar que la orden de abortar la operación contra la banda criminal procedía del Ejecutivo. Algunas de estas ilegalidades cuentan con condenas de hasta diez años de cárcel. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha traspasado todas líneas rojas que marcan la legalidad de un gobierno ante sus electores, tanto que podría llegar a ser acusado en pleno por el delito de Alta Traición al Estado.
