El problema no son los funcionarios sino quienes los dirigen, los políticos. Somos nosotros quienes lo hacemos bien, mal o muy mal –en el caso del ejecutivo socialista-, y ellos quienes dan la cara.
España tiene un problema estructural de duplicidad competencial, y otro coyuntural, el de un gobierno que toma decisiones equivocadas, que ha generado una situación de alarmante despilfarro, de la cual, los tres millones de empleados públicos españoles, no son culpables sino víctimas.
En una reciente entrevista en El País, Rodríguez Zapatero afirmaba que el salario de los empleados públicos “no es un derecho social” y por tanto su reducción media del 5% no suponía un recorte social, como sí lo era, la supresión del cheque bebé o la congelación de las pensiones.
En España solo es un derecho social aquello que Zapatero desea, y los salarios, como el empleo de los casi millones de parados, ha dejado de ser un derecho para ser no se sabe qué.
El salario medio de los empleados públicos españoles es de 1.300 euros, este no es, naturalmente, el problema, sino el crecimiento ilimitado de eventuales, personal laboral, organismos y otros entes públicos. Solo en la última legislatura se han creado 303.000 empleos públicos más mientras en el sector privado, las empresas cerraban a miles y los parados nuevos eran dos millones y medio.
El socialismo gobernante ha abdicado de su competencia exclusiva del control de las plantillas, como sí han hecho nuestros vecinos Francia o Portugal, y ha ido a lo fácil, a los sueldos, medida que, de los 27 países de la Unión, solo han adoptado Irlanda, Grecia y Rumania.
La de 2010 ha sido la única reducción salarial de los empleados públicos en la historia de nuestra administración, con un ahorro de 4.000 millones frente al derroche de 19.000 millones de los planes E y la deducción de los 400 euros, y en los últimos 30 años han tenido lugar tres congelaciones, la próxima de 2011, y las de 1994 con el PSOE y 1997 con el PP para lograr aprobar los criterios de Maastricht e ingresar en la Unión.
Sin embargo si tenemos en cuenta el crecimiento de los precios, los siete años de mayores perdidas de poder adquisitivo para la función pública, han sido, junto a 2010; 1982 (-6%), 1984 (-5.4%), 1989 (-2.9%), 1993 (-3.1%), 1994 (-4.3%), y 2007 (-2.2%), todos ellos con gobierno socialista. El año de mayor perdida de poder adquisitivo de la etapa popular fue 1997 con una caída del 2.1%.
Estos esfuerzos de los funcionarios no tienen correspondencia con que el gasto de personal de Moncloa haya crecido un 75% respecto a la etapa popular. El problema no es el sueldo de nuestros maestros, policías o enfermeros, sino las erráticas medidas de Zapatero.
