Si bien es verdad que la propia Administración educativa siempre ha intentado callar los casos más sonados de indisciplina, incluso cualquier problema agudo de convivencia, para no mostrar su propia incompetencia, lo cierto es que “lo que sucede en la calle es imposible que se calle”. Igualmente se demuestra que todo idealismo frente a la realidad y a la necesidad del día a día es un puro y duro engaño.
Es tan habitual ver a la Administración educativa echarse por la parte del cobarde que ahí suele encontrar el profesorado uno de los argumentos de mayor peso para huir de los cargos directivos de los centros. Precisamente por razones como ésta, instituciones como el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común y el equivalente en cada Comunidad deberían indagar para comprobar la falta de escrúpulo de la Administración a la hora de abandonar al docente a su suerte.
Y si eso sucede en un centro docente de población adulta, pues el escándalo es mayor, porque la normativa sobre convivencia suele estar elaborada pensando solo en el régimen ordinario. Otro de los errores de la Administración radica en la pérdida de profesionalidad de la función inspectora, más preocupada de mantener las comisiones de servicio y la dulzona sonrisa con el partido gobernante que por la calidad y la excelencia del sistema educativo o por apoyar la ‘pelea’ diaria del docente en los centros.
La Administración educativa se suele cubrir las espaldas con probada cobardía, aludiendo a que esa normativa se adaptará a la tipología de los centros. ¡Hace falta estar aturdido para legislar así! De pena y de vergüenza. Y mientras vegeta la Administración educativa, tanto la central como la periférica, los equipos directivos sufren las consecuencias, a la vez que sujetan el sistema educativo, junto con el resto del profesorado.
