El sindicato ANPE ha exigido a la Junta de Castilla y León que facilite a los centros la difusión de las normativas de convivencia y recomienda a los centros educativos que informen a las familias de los reglamentos de régimen interior. Si esa recomendación del sindicato docente es lógica, frente a la actuación que suele llevar a cabo la Junta habitualmente, no hay que olvidar la conveniencia de sacar a la luz, a través de los medios de comunicación, los problemas de convivencia existentes en los centros, desde los más habituales (que suelen ser frecuentes) hasta la incoación de expedientes (que cada vez es más frecuente).
ANPE defiende que conocer las normas de convivencia y los protocolos de actuación contribuye a mejorar la convivencia en los centros. Y es por eso por lo que los medios de comunicación pueden desempeñar un papel muy papel. “La información a las familias debe ser uno de los elementos principales de la prevención de los problemas de violencia y acoso escolar y es el primer paso para la aplicación consecuente de las normas que enmarcan la convivencia en un centro educativo”, señala el sindicato de enseñanza en un comunicado.
En ese «dar a conocer las normas de convivencia» hay que incluir la frecuente desfachatez de la Administración frente a problemas de disciplina. Mientras que el profesorado y los equipos directivos dan la cara ante la adversidad, la Administración (generalmente, la Administración periférica) suele actuar como el avestruz, escondiendo la cabeza; es más, nosotros diríamos que esconde la cabeza, las alas, el cuerpo y lo que haga falta.
Es tan habitual ver a la Administración educativa echarse por la parte del cobarde que ahí suele encontratr el profesorado uno de los datos para la falta de estímulo a la hora de optar a los cargos directivos de los centros. Precisamente por razones como ésta, instituciones como el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común y el equivalente en cada Comunidad deberían indagar para comprobar la falta de escrúpulo de la Administración a la hora de abandonar al docente a su suerte.Y si eso sucede en un centro docente de población adulta, pues el escándalo es mayor, porque la normativa sobre convivencia suele estar elaborada pensando solo en el régimen ordinario.
La Administración educativa se suele cubrir las espaldas con probada cobardía, aludiendo a que esa normativa se adaptará a la tipología de los centros. ¡Hace falta estar aborregado para legislar así! De pena y de vergüenza. Y mientras vegeta la Administración educativa, los equipos directivos sufren las consecuencias, a la vez que sujetan el sistema educativo, junto con todo el profesorado.
Se dan casos como la existencia de resoluciones finales en la incoación de expedientes que, pasados diez, quince y muchos más días — una vez concluido el periodo de alzada — ni siquiera tienen respuesta, fruto de la lentitud unas veces, de la ineficacia, otras, y de la ruin desidia, casi siempre. ¿Por qué pasa esto en las Administraciones periféricas de educación? Muy sencillo, porque suelen «estar a uvas» o «arando con bueyes poco convenientes y/o babeantes». Y eso requiere una solución; pero una solución con urgencia y disposición espartana.
Hay muchos casos muy curiosos. El sindicato de docentes ANPE argumenta que “la sentencia que condena a un colegio privado a indemnizar a la familia de un alumno víctima de acoso escolar, debe servir para reflexionar sobre el grado de información que tienen las familias con respecto a los reglamentos de régimen interior de los centros, a las normativas de cada comunidad autónoma sobre convivencia en las aulas, a los protocolos de actuación ante el acoso escolar y las medidas de prevención e intervención que se pueden adoptar”.
