Un informe policial de 22 folios y tres anexos documentales que manejan ya los magistrados del Tribunal Supremo implica al Gobierno de Castilla y León en la trama que dirigía Francisco Correa. En concreto, al exconsejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago.
El citado informe fue remitido hace 15 días al Supremo, porque recoge supuestos pagos de la trama Gürtel al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino como comisión por una obra pública, la variante del municipio leonés de Olleros de Alba, adjudicada por el Gobierno de Castilla y León. Barcenas y Merino, dada su condición de aforados nacionales, están siendo investigados por el alto tribunal.
El informe policial arranca de una documentación hallada en las oficinas de la trama corrupta sobre la adjudicación de una carretera por 2,7 millones a la constructora leonesa Teconsa -en un fax remitido a la trama corrupta desde la Consejería de Fomento de Castilla y León– y del reparto de comisiones por el 3% de ese dinero entre altos cargos del PP y el propio Correa. Teconsa, afín a Correa, fue la adjudicataria de la sonorización de la visita del Papa a Valencia en 2006, de lo que la trama también sacó tajada.
La policía señala: «Todos los indicios permiten inferir que se produjo una adjudicación amañada de la obra en la que hay una participación activa de la organización de Francisco Correa así como de cargos públicos y responsables políticos con capacidad de influir en la decisión de la Consejería de Fomento de Castilla y León de adjudicar el concurso a Teconsa». Tras meses de pesquisas policiales para conocer quién se escondía tras las siglas «T. O.» o «TOTI», la policía concluye que se trata de Fernández Santiago. «Todo parece indicar», indica el informe, «que el entonces consejero de Fomento de la Junta y actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (TOTI), podría haber tenido participación en los hechos».
En el reparto de las comisiones, según un cuadro elaborado por la policía, destacan los 39.000 euros cobrados supuestamente por Fernández Santiago y otros 18.600 que se atribuyen a Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP. «La persona que más dinero recibe de la operación corresponde a quien tiene una capacidad directiva sobre la adjudicación del concurso, es decir, al consejero de Fomento, cuyo departamento convoca el mismo», señala el informe.
