La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, se ha propuesto impulsar la formación profesional, con el fin de lograr una relación precisa entre la actual demanda del alumnado que cursa estas enseñanzas y la inserción laboral real de las distintas familias profesionales. El hecho de que colaboren las Cámaras de Comercio y numerosas entidades empresariales, además del propio MEC, pone de manifiesto que la cuestión va en serio, por lo que hay que felicitar al consejero Francisco Javier Álvarez Guisasola; a cada uno lo suyo, aunque suene a pedantería, admiración o colaboracionismo. En este caso, nunca más lejos de la realidad; máxime, cuando ha recibido las críticas que ha merecido en temas no suficientemente tratados, aprovechados o resueltos.
Actualmente existe un importante desajuste entre la demanda empresarial y la oferta formativa de la Consejería. Ese desajuste requiere un tratamiento preciso, urgente y sin más demora. Existe una clara inclinación hacia unas familias profesionales, mientras hay un evidente rechazo hacia otras. Más que rechazo es, simplemente, una falta de demanda. Lo curioso del caso es que aquellas ofertas formativas que tienen menos demanda son las que aportan con más facilidad un puesto de trabajo. Éste es un dato repetido desde hace varios años y que, con ligeros cambios, se ha mantenido hasta hoy. No hay más que ver el Anuario Estadístico, las estadísticas de la Junta de Castilla y León, las correspondientes al Ministerio de Educación y Ciencia y las propias de algunos centros educativos que realizan seguimiento a su alumnado, una vez finalizados los estudios correspondientes.
Insisto en que las que menos demanda tienen son las que posibilitan mayor integración laboral. Es una ‘cantinela’ completamente cierta y en la que se viene insistiendo desde la propia Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa. Casi siempre presentan los mismos datos, mismos inconvenientes y los mismos problemas, lo que ha hecho que la ciudadanía deje de prestar atención a razonamientos excesivamente repetitivos. Pero no hay que dejarse llevar solo por los datos, sino que sigue siendo fundamental aquello de “obras son amores”.
En este momento el consejero de educación progresa adecuadamente. No hay lugar para poner en duda la impecable actuación del actual consejero de educación – aunque parece que los méritos intentan colgárselos otras personas de inferior nivel en la estructura jerárquica de la Consejería –. Una prueba de ello son las medidas a realizar que se recogen en el convenio de colaboración, en materia de formación profesional, entre Castilla y León y SAGE SP, S.A., firmado hace un año aproximadamente. Dichas actuaciones tienen como base los cursos de formación dirigidos al profesorado de la comunidad que imparte algunos de los ciclos formativos pertenecientes a las familias profesionales de Comercio y Marketing y Administración.
Nadie pone en duda la estructuración de la formación profesional en Castilla y León. Durante los últimos ocho años se ha configurado una estructura digna de tener en cuenta, aunque se hayan abandonado otros aspectos del sistema educativo, como la educación de personas adultas, la educación a distancia, imprecisión de los ámbitos territoriales de EPA en muchas provincias, tardío y absurdo Reglamento Orgánico de Centros, convenios entre la Junta e Instituciones Penitenciarias y la creación de centro propio en este tipo de instituciones -– caso de la comunidad de Madrid y Navarra –, cuyo profesorado fue transferido a la Junta y a quien se le ha dejado de lado, por absurda dejadez, desconocimiento de los responsables de la Consejería y temor a afrontar las nuevas situaciones surgidas tras la asunción de competencias educativas.