Jesús Salamanca 
J. Mª Maravall
En el año 2000, la revisión de la LOGSE invitaba al optimismo. Habían transcurrido diez años y el inicial acercamiento de posturas parecía indicar el camino adecuado. La mediocridad a la que se había llegado con la LOGSE parecía estar tocando a su fin.
Cada vez eran menos los que se oponían a dicha revisión. Entre los docentes, la ley de educación socialista había perdido todo su prestigio. No es necesario recordar que la LOGSE se aprobó de espaldas al profesorado y, a los diez años de su aprobación, no se trataba de hacer una reforma de la reforma, sino una intervención de urgencia.
La ansiedad que sufría el profesorado era evidente. Los casos de indisciplina que empezaban a aflorar en algunos centros se unían a la pasividad de quienes empezaban a ser conocidos como “objetores escolares”. Hoy nadie duda de que el equilibrio entre orden y educación sea un binomio que se caracteriza por su precisión, su necesidad y su proporción directa. Aún recordamos los resultados de la encuesta realizada por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo. Según la misma, más de un 70 % de los escolares madrileños encuestados entendían el orden y la disciplina como “dos factores que contribuyen de manera decisiva a mejorar la calidad educativa”. Las denuncias del profesorado, y las llamadas de atención que divulgaron los medios de comunicación, se vieron refrendadas en la encuesta de referencia al declarar casi el 60% de los entrevistados que “conocían situaciones de agresividad física en sus centros, que no denunciaban por miedo, pero que deberían corregirse a través de medidas más severas que las (…) adoptadas”.
La preocupación era creciente desde el momento en que no se hablaba solo de indisciplina escolar, sino de violencia en los centros. Se requería una reflexión serena. Algo estaba fallando. Resultaba llamativo comprobar en los centros que la corrección de determinadas actitudes se interpretaba erróneamente como represión o agresión a la libertad de los jóvenes.
Casi todas las comunidades autónomas han elaborado normativa sobre la convivencia en los centros, pero hace varios años que muchos otros países han adoptado importantes medidas al respecto: Francia puso en marcha el Comité Antiviolencia Escolar, Italia planificó un proyecto parecido al francés, Canadá contaba con el sistema de regulación y gestión de conflictos y el gobierno alemán hace tiempo que aprobó normas tendentes a eliminar los problemas de convivencia en los centros.
Hemos de constatar que entre los años 1987 y 1990 se produjo un falso debate social sobre la que luego sería la LOGSE. En 1987 el ministro José Mª Maravall Herrero había puesto el “rodillo socialista” a punto para abanderar la aprobación de esa ley dos o tres años después; pero la inesperada aparición del “cojo manteca” hizo que el ministro saliera por la puerta trasera, siendo el ministro Solana el que la llevó al Boletín Oficial del Estado.
Cuando se empezó a debatir sobre lo que sería la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), muchos de los paladines de la LOGSE habían “guardado el estandarte” que hicieron ondear en Alcalá. Habían perdido la perspectiva y eran el estafermo de todos los sectores implicados en la educación. Con la LOCE se trataba, ante todo, de “abrir ventanas”, de dar urgente respuesta a los retos del siglo XXI, a la sociedad del conocimiento y al principio de educación a lo largo de toda la vida.
Derogada la LOGSE, tras tres lustros en funcionamiento, los docentes y demás sectores comprometidos con la educación nos enfrentamos a un panorama desolador. La sociedad no puede permanecer callada ante el atropello que supone la LOE en muchos aspectos. Desde todos los sectores de la educación se alzan voces críticas, conscientes de que “el hombre muere – en palabras del escritor Wole Soyinka – en quienes mantienen silencio ante la tiranía”.
