El Partido Socialista de Castilla y León ha decidido investigar por su cuenta la corrupción por tráfico de influencias en la concesión de las plataformas fotovoltaicas de León y Castilla. Esta vez no han pinchado en hueso, como suele ser costumbre. Y es que los afectados — altos funcionarios de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en diversas provincias – no son unos simples funcionarios.
A ello hay que unir que están todos en los aledaños del presidente Juan Vicente Herrera. Estamos hablando de secretarios de las Delegaciones Territoriales y jefes de servicio que son puestos de alta confianza y libre designación (hay una excepción); es decir, no son simples trabajadores, ni contratados que pasaban por allí en ese momento. Eso hace que la Junta de Castilla y León no pueda dar carpetazo sin investigar con rigor, salvo que deseen convertirse en el hazmerreír de la ciudadanía y de las demás comunidades.
