J. Salamanca 
Mª J. Ruiz
Hay comunidades autónomas donde los problemas se eternizan. Sobre todo si afectan a los ciudadanos, porque si tocan de lleno a los políticos se busca pronta solución; aunque sea debajo de las piedras. Un ejemplo claro lo tenemos en el nuevo edificio de las Cortes de Castilla y León. El castillo de Fuensaldaña se había quedado pequeño para albergar la sede de los padres de esta “patria chica” que es Castilla y León y no han parado hasta contar con un edificio amplio, suficiente y, sin lugar a dudas, necesario.
Esa misma preocupación y diligencia sería muy bien acogida a la hora de resolver los muchos problemas pendientes del Gobierno ‘de Feria’ de Juan Vicente Herrera. Nos referimos a las infraestructuras; a la localización de industrias; a la resolución del problema de la plaga de los topillos; la plaga de liebres que afecta a la DO Cigales; a la falta de política industrial seria; a la insuficiente política medioambiental; a la deficiente política agraria promovida por la Junta; a la política educativa que se sigue con la educación permanente y a la formación profesional, por citar algunos.
Ha tenido que dar la cara la plaga de topillos para que el Gobierno regional quedara en evidencia. Se ha demostrado que era nefasta la política agraria de la Junta de Castilla y León; aunque desde León se dice a voces que no es que fuera mala, sino que la Junta nunca ha tenido una política definida en cuanto a infraestructuras, ayudas, cultivos y perspectivas de futuro. Lo cierto es que la Consejería de Agricultura y Ganadería perderá mucho dinero de la UE, sobre todo si los informes que se solicitarán en las próximas semanas ponen de manifiesto que se ha despreciado el problema de la plaga; que se ha hecho caso omiso de las recomendaciones de hace diez meses y que se han ocultado datos e información de un grave problema que abarca las vertientes económica, social y sanitaria de una comunidad que ha dejado de ser prioritaria para la Unión Europea.
Independientemente de la gravedad del problema, la alarma social que ha generado y el descontrol de la plaga, hay seria preocupación en Castilla y León al constatar el tipo de políticos que nos representan. Desde el Gobierno de Herrera han demostrado incapacidad y falta de recursos para afrontar el problema con la seriedad que se les supone. Han llegado tarde y solo han reaccionado cuando la presión de los agricultores se ha hecho agobiante. Ni siquiera desde el Gobierno de Juan Vicente Herrera han sido capaces de plasmar un plan urgente, coordinado y global para afrontar la plaga en la comunidad.
Como era de esperar, al Gobierno autonómico le han bombardeado con críticas desde todos los ángulos. La oposición socialista también lo ha hecho; aunque, dicho sea de paso, ni siquiera ha sido capaz de incordiar con seriedad ni aportar soluciones; más bien se ha limitado a reunir a un grupo de alcaldes de municipios afectados para poner trabas y hacer una crítica absurda sin contenido. “Es el momento en el que el Ejecutivo autonómico debe cambiar las políticas agrarias”, han dicho desde la oposición. Ahora entenderá la población el apoltronamiento de los consejeros de Herrera. No hay oposición y, por tanto, no hay que molestarse en exceso para seguir disfrutando de secretario, despacho, Internet y coche oficial.
Tal vez tengamos los políticos que nos merecemos y haya que reivindicar en la calle otra realidad para reconvertir a corto plazo los votos en las urnas. Tan solo el Delegado de Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, se ha ofrecido en nombre del Gobierno central para lo que haga falta. Pero ni siquiera ese ofrecimiento ha alejado el miedo del cuerpo a las consejeras de Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería, a quienes los propios populares están enseñando la puerta de salida, por temor a que haya que salir en gran grupo.
Los propios agricultores y sus representantes cuentan ya con que el problema no estará resuelto en el momento de la sementera, lo que supondrá un grave trastorno económico para los afectados y el afianzamiento de la pésima imagen del Gobierno Herrera. Los afectados comprueban que está fallando todo: las medidas adoptadas por el Gobierno regional son ridículas por no generalizarse; no existe un plan de choque contra la plaga; existe manifiesta descoordinación entre la Administración central, regional, provincial y local; las Diputaciones Provinciales no saben a qué atenerse, excepto la de León, presidida por la ínclita Isabel Carrasco; el calendario de medidas contra los roedores llega tarde, muy tarde; existe un claro descontrol del tema y la alarma social ha alcanzado límites preocupantes.
Tal vez lo más grave haya sido comprobar que la Junta de Castilla y León y el Parlamento Autonómico están dando la espalda a los Ayuntamientos y a los ciudadanos afectados. Se van de vacaciones. Tienen asegurados cuatro años de disfrute; pero en la Junta se han olvidado que el próximo año hay elecciones generales. Y se sabe quién ha hecho la ‘peineta’ a los agricultores de Castilla de León. Es cuestión de tiempo. Hasta Mariano Rajoy puede sufrir un puntapié en el trasero de Juan Vicente Herrera.
Solo pensar que los agricultores leoneses y castellanos han tenido que asesorarse fuera de Castilla y León, así como que el problema se mantiene latente desde hace once meses, además de no ser capaz el Gobierno Herrera de impedir que la plaga se extienda a las comunidades limítrofes, evidencia con qué bueyes estamos arando en el siglo XXI y qué ‘garrulos’ pasean el nombre de Castilla y León por el mundo. Trabajar con rigor es algo que el Gobierno Herrera no hace bien, ni en el tema que nos ocupa ni en muchos otros. Juan Vicente debería recomendar a sus consejeros que leyeran a Voltaire. Éste solía decir que el trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad.
