Las comunidades autónomas son un problema importante, pero nunca serán parte de la solución al problema de Estado, salvo que se cambie la Constitución y desaparezcan de una vez.
Un día son los partidos políticos, otro los sindicatos y otro los empresarios. Entre medias surge sospecha hacia algún miembro de la Corona o el cese de algún alto cargo de Hacienda para salvar la cara el propio ministro. Todo suceso del tipo de lo descrito lleva a una tremenda inseguridad jurídica, a la desilusión permanente y a que nadie se fíe de quien tiene al lado; menos aún de la Administración y de los dirigentes.
No hace falta rebuscar mucho en los medios para encontrar casos sonados de corrupción, robos evidentes, mentiras disuasorias y egoísmos personales, además de puntuales actuaciones avariciosas. Se me pasa por la cabeza el desvío de dinero destinado a minusválidos, gastos electorales de UGT-A consignados como subvenciones, abundantes desayunos en hoteles de suprema categoría y uso descontrolado de dinero por parte de miembros destacados del PP, precisamente el mismo partido a quien su ex tesorero le ‘guindó’ cuanto pudo durante años.
Si ésta es la España que tenemos, estamos apañados con poca ropa. No hay duda que hace falta una reforma en profundidad de los partidos y de los sindicatos, sobre todo de los sindicatos clasistas; el modelo de estos últimos es un modelo finiquitado y que se brinda a la corrupción, al atropello, a la malversación y al engaño. Hay muchos aspectos en los que la Constitución se nos ha quedado obsoleta por los cuatro costados. Hasta las instituciones son sospechosas para el ciudadano: da lo mismos que hablemos de fiscalías, judicaturas, hacienda pública, ministerios o consejerías,… ¡Peor me lo ponen si quieren que hable de los gobiernos autonómicos!
De todos es sabido que las comunidades autónomas son un problema importante, pero nunca serán parte de la solución al problema de Estado, salvo que se cambie la Constitución y desaparezcan de una vez. Hace años que se convirtieron en ‘chiringuitos’ de ‘virreyes’ y señoritos mal acostumbrados, además de dar la imagen de reinos de taifas para los segundones de los partidos. Hoy no hablaremos de Castilla y León –lo dejamos para otro momento—pero sí de la comunidad andaluza: fíjense como se falsean facturas y presupuestos “para poder cargar esos gastos a la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía que asignaba las subvenciones para la formación de los desempleados”. Esa habilidad la ha demostrado UGT-Andalucía, según se ha podido saber.
Pero lo más grave del dato andaluz es que se resta dinero a la formación de parados y se encargan “cientos de miles de artículos de propaganda electoral sindical para repartir en las ocho provincias andaluzas durante la campaña”. No han sido cuatro euros y medio sino que hablamos de mucho dinero. ¡Ya era hora de que el Ministerio de Hacienda se tomara en serio su trabajo y empezara a investigar a los sindicatos clasistas! ¿Aún queda algún resignado que piensa que Hacienda somos todos? A estas alturas de la película es difícil creerlo.
Hay algún sindicato que ha utilizado hasta bolsas de basura para esconder dinero con el que poder hacer barbaridades contables o para no contabilizarlo. A veces han participado en promociones de pisos de forma activa, escandalosa y en provecho propio. Lo curioso es que pasados varios años no existen esas viviendas. “¡Joder, qué tropa!”, como diría don Álvaro de Figueroa y Torres.
Hacienda está obligada a ponerse las pilas cuanto antes y no precisamente para investigar a quienes tienen un sueldo; los ‘mileuristas’ todo lo que pueden escaquear no llega a la categoría de ‘chocolate del loro’. Ahora está de moda investigar a los partidos que esconden grandes errores y grandes corrupciones, al igual que sucede con los sindicatos de clase. No es de extrañar que Hacienda haya “comenzado una investigación por pagos irregulares y el desmadre interno (…) de la propia UGT como entidad…”.
Me llama la atención que el Ministerio de Hacienda o las Consejerías de ese mismo nombre persigan a empresas ya desaparecidas por no haber declarado alrededor de 6.000 euros. Y todo porque en el documento de “Declaración anual de operaciones con terceras personas” se aprecia sospecha sobre quien aporta bienes o servicios. De pena. Es como para echarse al monte. Al tiempo.
Jesús Salamanca Alonso
