La ciudad de Madrid se vió colapsada ayer por el gran caos producido por los piquetes «informativos» que no cumplieron los servicios mínimos reglamentarios e impidieron la apertura de las estaciones del Metro, un servicio imprescidible para el desplazamiento de los seis millones de madrileños que no pudieron acudir puntualmente a su trabajo. Hoy ha empezado el día con las mismas características por lo que se prevé otro día de caos en la ciudad. UGT y CCOO no han vacilado un instante a la hora de «reventar» la ciudad y los aledaños de Madrid con una huelga «salvaje» que ha obligado a paralizar por completo el servicio público de metro.Unos sindicatos de izquierda desprestigiados que han visto mermadas sus últimas convocatorias de huelga sin apenas seguimiento han encontrado el campo de entrenamiento ideal para preparar la huelga general demorada hasta septiembre contra las medidas del gobierno de Rodríguez Zapatero y no tener que perjudicar a su benefactor y así seguir desgastando al Gobierno de la Comunidad de Madrid, una de las regiones más saneadas de España y, con mucha diferencia, la que padece un menor déficit en las cuentas públicas, que se ha limitado a aplicar las medidas impuestos por el Gobierno Central a todos los empledos públicos. En el origen de las protestas se encuentra la decisión del Gobierno regional de rebajar el sueldo de los empleados públicos un 5 por ciento, adaptando la normativa estatal. La única diferencia es que el decreto madrileño se aplica también a las empresas públicas, entre las que se encuentra el Metro de Madrid.
Son ocasiones como ésta las que nos recuerdan la urgente necesidad de regular y actualizar mediante ley orgánica el derecho de huelga, prohibiendo la figura de los piquetes y derogando ese decreto preconstitucional del todo caduco y desfasado que lo rige hoy. Los piquetes informativos bloqueando las puertas de las empresas no tienen ningún sentido en pleno siglo XXI, cuando la información fluye con absoluta rapidez y llega a cristalizar incluso en forma de manifestaciones «espontáneas» convocadas por SMS; una práctica en la que la izquierda alguna experiencia posee. Para casos como estos habría que pensar en medidas ejemplarizantes contra estos insolidarios, capaces de producir tanto daño a toda la comunidad.
¿Qué sucedería ante una huelga total e indefinida de médicos, policías, distribuidores, transportistas o suministradores de electricidad? Probablemente viviríamos un caos que haría empequeñecer al que se vivió ayer en Madrid. Los servicios mínimos no pueden incumplirse bajo ningún concepto al amparo del derecho de huelga. Mucho menos cuando se trasviste de huelga económica lo que no es más que una huelga política contra el Ejecutivo de Aguirre. Además, estos empleados públicos se encuentran en la misma situación que los demás que han tenido que acatar un recorte del salario de quienes tienen su trabajo asegurado.
