El golpista fugitivo, Carlos ‘Pig de Mont’, a un paso de ser extraditado por la Corte de Bruselas para ser juzgado en España.
LOS RÁBANOS POR LAS HOJAS / El pasado 15 de enero, Puigdemont, Comín y Ponsatí comparecieron ante la Comisión de Asuntos Jurídicos para defender su inmunidad argumentando ser víctimas de una persecución política en España. Un argumento que a su también compañero de fuga en Bruselas, el exconsejero Lluís Puig, le sirvió para convencer a la justicia belga una semana antes para rechazar la tercera euroorden cursada contra él por el juez Llarena por su participación en el 1-O. Según su defensa, la Sala de Apelaciones belga actuó de esta manera por «falta de competencia del Supremo» y «riesgo de violación de la presunción de inocencia» por las declaraciones de jueces y autoridades políticas españolas.
Una actuación que para el entorno independentista sienta un importante precedente a su favor ya que confían en que, llegado el caso, la justicia belga volverá a actuar en el mismo sentido. Sin embargo, el pronunciamiento esta semana del Tribunal Constitucional avalando la competencia del Supremo para investigar y juzgar la causa del procés podría forzar un cambio de sentido en el procedimiento. «Me sorprende que un juez belga sepa más de derecho procesal que la justicia española», afirma ante este nuevo escenario, el catedrático de Derecho Carlos Flores. «No entendería que un juez belga pueda decir al Supremo que se está equivocando porque no es su competencia y luego al Constitucional, que no entiende la Constitución».
Llegados a este punto, Puigdemont estaría a dos pasos de poder ser entregado a España. El primero será la votación del suplicatorio, el segundo, el pronunciamiento de la justicia belga que facilitará o no su extradición. Hasta conocer ésta última decisión y de perder Puigdemont la inmunidad, el fugado continuará siendo diputado ya que, según refleja el reglamento de la Eurocámara, «la suspensión de la inmunidad de un diputado no constituye un veredicto de culpabilidad, sino que simplemente permite a las autoridades judiciales nacionales proceder a la investigación o el juicio», por lo que seguirá disfrutando de sus otros privilegios como parlamentario: sueldo, asesores, y despacho.
