Las comunidades autónomas son un problema importante, pero nunca serán parte de la solución al problema de Estado, salvo que se cambie la Constitución y desaparezcan de una vez.
Un día son los partidos políticos, otro los sindicatos y otro los empresarios. Entre medias surge sospecha hacia algún miembro de la Corona o el cese de algún alto cargo de Hacienda para salvar la cara el propio ministro. Todo suceso del tipo de lo descrito lleva a una tremenda inseguridad jurídica, a la desilusión permanente y a que nadie se fíe de quien tiene al lado; menos aún de la Administración y de los dirigentes.
No hace falta rebuscar mucho en los medios para encontrar casos sonados de corrupción, robos evidentes, mentiras disuasorias y egoísmos personales, además de puntuales actuaciones avariciosas. Se me pasa por la cabeza el desvío de dinero destinado a minusválidos, gastos electorales de UGT-A consignados como subvenciones, abundantes desayunos en hoteles de suprema categoría y uso descontrolado de dinero por parte de miembros destacados del PP, precisamente el mismo partido a quien su ex tesorero le ‘guindó’ cuanto pudo durante años.
