La Junta de Castilla y León no está para más recortes. Desde distintas instancias se le ha dicho a Juan Vicente Herrera que no es posible ni un solo recorte más. Ya se han agotado todas las posibilidades, incluso la Consejería de Hacienda se ha permitido el lujo de perder más de cien millones de euros con el impuesto del ‘céntimo sanitario’: sin duda, una de las medidas más desacertadas, absurdas y desastrosas de la Administración autonómica. Se ha beneficiado a todas las autonomías de alrededor a cambio de perjudicarse a sí misma. Es evidente que determinadas ignorancias son muy atrevidas.
Como en la comunidad se han dado cuenta de los muchos errores que se están cometiendo, como consecuencia de la ineptitud de algunos consejeros, el consejero portavoz de la Junta ha dicho que aunque se apoyan las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, no se aceptará ningún recorte en la atención a la dependencia.
Precisamente, en la cuestión de la dependencia es donde mejor valorada está Castilla y León, de ahí ese atrincheramiento. Una defensa que hacemos nuestra desde distintas instancias, porque la comunidad es la más envejecida de todo el territorio nacional y la que más precisa de este tipo de atenciones. En muchas ocasiones, las mejores oportunidades se pierden entre las deliberaciones y eso es muy grave.
Posiblemente el único error que vemos en la gestión de la dependencia es el excesivo tiempo para aprobar los expedientes. Seis meses son demasiados en un momento en que la crisis está azotando con crudeza a muchas familias con algún miembro en centros residenciales. Si bien fue muy acertado el paso de subir las ayudas a la dependencia en centros asistenciales, no lo es tanto el excesivo tiempo para la concesión de las ayudas económicas. Ni que decir tiene que el acceso a centros residenciales públicos es imposible en las comunidades con población muy envejecida.
También sorprende que sea César Antón (actual director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales) quien más daño esté haciendo a la ley de dependencia y, precisamente, a la dependencia de Castilla y León; una comunidad donde él fue consejero de Familia e igualdad de Oportunidades. Ya se sabe que no hay peor cuña que la de la misma madera.
Hay que recordar que el recorte de casi 1000 millones de euros que el Gobierno de Rajoy ha propuesto a Bruselas es una desfachatez y una falta de sentido común. El ajuste brutal de ayudas a la dependencia queda fuera de lugar: si sale adelante es un claro escrache o acoso a la ciudadanía que tiene la mala suerte de padecer la necesidad de un centro asistencial para alguno de sus miembros.
«El Gobierno de Castilla y León no va a aceptar ningún recorte en la dependencia», afirmó el consejero portavoz en la rueda de prensa que siguió al Consejo de Gobierno de los jueves. Lo que hace falta es que el Ejecutivo de Castilla y León se lo tome en serio y no cambie de opinión por trueque con cuestiones de menor calado. No hay que olvidar que, hace casi un año, la Junta aprobó la nueva normativa que ahora está en vigor, donde primaban los servicios profesionales sobre la asistencia en domicilio, porque ello es una clara fuente de empleo.
Los experimentos en casa y con gaseosa, como se suele decir. Ni siquiera la paciencia a la que alude Mariano Rajoy es bien recibida en este momento, porque las perspectivas son nada halagüeñas. Estamos pendientes de reformas de calado, pero el Gobierno ha perdido fuelle, ilusión y capacidad de reacción.
Son tantos los frentes abiertos que el desconcierto parece reinar en el Gobierno de la nación; máxime cuando comprueba que Bruselas siempre tiene la espada de Damocles levantada contra España. Hasta el propio FMI se ha extralimitado con opiniones absurdas que han detenido las inversiones foráneas en España.
Jesús Salamanca Alonso
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