Quiero agradecer, ante todo, al presidente del Gobierno esta convocatoria de la Conferencia de Presidentes, que no se reunía desde hace ya tres años. Este es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los de sus Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Y su actuación está basada en el principio de lealtad institucional.
Pues bien, creo sinceramente que la estabilidad de nuestro marco constitucional, la unidad, el trabajo y la cooperación de todos, y la lealtad recíproca, son factores que siempre nos hacen más fuertes. Y que España necesita especialmente ahora, en estos momentos de auténtica emergencia nacional, después de cinco años consecutivos de grave y profunda crisis. Y en medio de una segunda recesión económica. Con tan dramáticas consecuencias, sobre todo en el empleo y las expectativas de los españoles, y en particular de nuestros jóvenes; unos momentos, en fin, en los que todavía es más oportuna la celebración de esta Conferencia.
Castilla y León quiere, en primer lugar, reiterar su firme compromiso con la Constitución de 1978 y, en especial, con el modelo territorial que estamos desarrollando a partir de ella a través de nuestras Comunidades Autónomas. Sin duda deben reconocerse al mismo algunos defectos y excesos que hay que corregir y eliminar. Y lo estamos haciendo. Profundizando por ejemplo en una mayor austeridad, racionalización y eficiencia de nuestro funcionamiento. Mejorando la coordinación, la cohesión y la interlocución del conjunto del Estado. Y apostando decididamente por la cooperación horizontal.
Pero esas sombras y carencias no invalidan en absoluto el propio modelo. Ni tampoco desvirtúan sus claros logros, que son muchos en términos de cercanía política (el acceso a la autonomía está relacionado directamente en España con la recuperación de las libertades democráticas), de desarrollo económico (las Autonomías han contribuido a la transformación y modernización de muchas de nuestras realidades humanas y materiales), y de bienestar social (pues la Constitución encomendó a las Comunidades la gestión en proximidad de los grandes servicios básicos del llamado “estado del bienestar”).
Desde una perspectiva histórica, sería hoy una enorme frivolidad y una grave irresponsabilidad dar por superado nuestro actual modelo territorial. Este ha venido garantizando con éxito la autonomía política de todas nuestras Comunidades. Pero también sigue siendo sin duda una de las claves principales del mejor futuro de España. Un futuro que, por cierto, sólo puede depender de la voluntad común de todos los españoles, pues al fin en una Nación como la nuestra la suerte de cada uno siempre será la suerte de todos.
Son muchos los ámbitos políticos, institucionales, sociales y económicos a los que afecta la crítica situación por la que atravesamos. Y son muchos los compromisos y los esfuerzos que España está asumiendo para superarla. Entre ellos se encuentra el del saneamiento y estabilidad de las cuentas públicas.
En este punto, Castilla y León quiere, en segundo lugar, reiterar hoy también su compromiso con el gran esfuerzo nacional de equilibrio presupuestario y de control del déficit y la deuda públicos. En este momento, el control del déficit y la deuda no es un mero capricho o una opción, sino una necesidad a la que todos debemos contribuir, para la que no hay alternativa. Ese control viene exigido por el reformado artículo 135 de nuestra propia Constitución. Y es también una obligación para un país de la Unión Europea como el nuestro, sujeto a un procedimiento por déficit excesivo. Es asimismo fundamental para que desde las Comunidades Autónomas podamos garantizar los servicios públicos fundamentales que tenemos encomendados, rompiendo el círculo vicioso de + déficit = a + deuda = a + pago de intereses = a – recursos disponibles para las políticas públicas. Y es, finalmente, también esencial para la recuperación del crecimiento económico y del empleo.
Junto al debate sobre el futuro político de nuestro modelo autonómico, se ha planteado otro de carácter económico, que hace a este mismo modelo responsable de una parte sustancial de la crisis que hoy vive España. Ahí están los verdaderos datos y cifras económicos, de empleo, de déficit y de endeudamiento de las distintas Comunidades, así como sus razones y causas, para que ese debate esté centrado y sea justo. Cifras y datos que demuestran, por cierto, que dentro del mismo modelo ha habido formas muy diferentes de gestionar.
Castilla y León tiene una demostrada trayectoria de austeridad. Desde 1983 la gran mayoría de nuestros parlamentarios, el 80%, no reciben retribuciones por el desempeño de sus funciones, sino indemnizaciones por asistencia. Desde 1987 tenemos una única Delegación Territorial en cada provincia. No hemos creado televisión autonómica, ni policía autonómica, ni representaciones de naturaleza política en el exterior, y a partir del 1 de enero de 2013 los trabajadores de la Delegación en Bruselas se incorporarán a la embajada española de la REPER. Nuestro sector público es de los más reducidos de España, con sólo 38 entidades sobre las que tenemos pleno poder de decisión. Aun así, estamos reduciéndolo, con el objetivo de disminuir su coste en gasto corriente y de personal en un 50% a lo largo de esta legislatura. Vamos a continuar reestructurando las instituciones propias de la Comunidad con el objetivo de lograr una mayor eficiencia (CES, Procurador del Común, Consejo de Cuentas y Consejo Consultivo). En los últimos cuatro años hemos reducido un 34,8% el gasto corriente no social. En la actualidad el peso del gasto corriente no social de toda la Junta es inferior al 1% del presupuesto. Y tenemos en marcha un plan de racionalización del gasto corriente para seguir profundizando en esta línea.
En todo caso, las Autonomías habremos formado parte sin duda del problema que pesa sobre España. Pero es una enormidad y una injusticia afirmar que somos la parte principal del mismo. Y por otro lado, parece también evidente que debemos ser y estamos siendo una parte importante de su solución.
Esta Conferencia es una ocasión muy oportuna para, no sólo reiterar los compromisos autonómicos con el objetivo del equilibrio presupuestario, sino también para recordar el esfuerzo de control que para ello estamos ya realizando. Y que por ejemplo se está concretando en unos límites estrictos de déficit público para este año 2012 y los ejercicios sucesivos, muy superiores proporcionalmente al 37% del gasto público total de España que tenemos encomendado. Un gasto que además es de carácter estructural, inelástico y expansivo. Y está vinculado a la gestión de grandes servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, cuya calidad y equidad estamos luchando por preservar en un momento tan difícil como el actual, como siguen acreditando los últimos informes y evaluaciones conocidos.
Desde su misma creación como Comunidad, Castilla y León se ha esforzado en aplicar los principios de austeridad y eficiencia en la estructura y el funcionamiento, central y territorial, de sus Instituciones, de su administración, de su sector empresarial, y de otros instrumentos y medios de su autonomía. En cualquier caso, el Gobierno de la Comunidad está teniendo que adoptar, en las actuales circunstancias extraordinarias, una serie de medidas duras y difíciles, también extraordinarias, en forma de mayores ingresos tributarios, tasas y precios públicos, así como de reducción y ajuste del gasto en todas las áreas de actuación pública. Medidas que en muchos casos no solo no formaban parte de los compromisos inicialmente asumidos, sino que incluso son las contrarias a aquellos. Lo que es preciso reconocer, y agradecer con respeto a todos los ciudadanos, y en especial a los empleados públicos, a los que afectan un buen número de las mismas.
Castilla y León expresa, en tercer lugar, su irrenunciable voluntad de seguir trabajando para garantizar el núcleo esencial de esos servicios públicos fundamentales, verdadera razón de ser práctica de las Autonomías.
Unos servicios públicos que en nuestra Comunidad vienen recibiendo, por instituciones y organismos independientes, las mejores calificaciones. Somos la Comunidad pluriprovincial con mejor valoración ciudadana de su sistema de salud. Recibimos las mejores calificaciones en el informe PISA por la calidad y equidad de nuestra educación, muy por encima de la media de España y por encima de la media de la OCDE. Tanto en servicios sociales como en atención a la dependencia somos la Comunidad a la que otorga mejor nota la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En los presupuestos del presente ejercicio 2012 hemos hecho un esfuerzo de prioridades a fin de preservar estos servicios públicos fundamentales. El 80% del gasto no financiero ¿ y el 94% de los recursos autónomos de la Junta¿ se ha concentrado en las consejerías “sociales” (Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades), cuya capacidad de gasto desciende en conjunto un 3,6% frente al -22% de las seis consejerías restantes.
Asumimos que este es un momento lleno de limitaciones y de incertidumbres. Un momento para pocas, claras y comunes prioridades dentro de nuestras muchas necesidades. Pero esta Conferencia es sin duda uno de los lugares más apropiados para recordar, en coherencia con lo que ya pude hacer el pasado 23 de abril en la reunión que me concedió el propio Presidente del Gobierno, que el vigente modelo de financiación autonómica, impuesto en el año 2009, ha resultado en tan breve plazo un sistema fallido, insuficiente e imposible. Un sistema que, como bien sabían sus impulsores, ha venido empujando necesariamente a las Comunidades Autónomas hacia un mayor déficit y endeudamiento. Un sistema por tanto que hay que revisar. Y que valore siempre los factores de población, territorio, dispersión, envejecimiento y convergencia interior que condicionan de forma notable el coste de los distintos servicios. Un proceso que además, para mayor complejidad, se debe conciliar con la cuestión de la financiación local, que el anterior Gobierno dejó asimismo sin resolver.
El Gobierno de la Nación ya ha anunciado su voluntad de poner en marcha una necesaria y previa evaluación del modelo de financiación autonómica vigente, a través de la constitución y funcionamiento del oportuno grupo técnico de trabajo. En paralelo, creo que somos muchos los que consideramos que, aprendiendo de las dificultades actuales, y con el fin de garantizar pacíficamente en el futuro el núcleo fundamental de los servicios que integran nuestro “estado del bienestar“, sería muy conveniente también la creación, en el seno de esta misma Conferencia, o en el órgano de coordinación más oportuno, de otra comisión específica, encargada de precisar, definir y acordar consensuadamente cuál debe ser ese núcleo esencial de derechos, servicios y prestaciones, comunes e iguales a todos los españoles, que en muchos casos se presenta ahora como inconcreto o abierto en su configuración legal.
Dicho todo lo anterior, me gustaría volver a insistir en algo que es verdaderamente fundamental: la unidad de la Nación. Nuestra unidad de acción para dar las respuestas más eficaces a la crisis. Toda la sociedad, y sus agentes económicos y sociales en particular, reclaman una mayor unidad económica y de mercado interno en España. Están necesitando el impulso de las reformas económicas, financieras y laborales que, por ejemplo, fortalezcan la competitividad de la economía productiva, normalicen el funcionamiento del sistema financiero, y faciliten la creación de empleo de calidad. Exigen la desaparición entre nosotros de trabas, barreras y duplicidades administrativas y legales, que en muchos casos hemos ido creando de modo inconsciente. Y defienden el avance hacia fórmulas de mayor armonización fiscal. Todo lo cual debe producirse además en el contexto de una integración en el proyecto común de Europa, hoy tan necesaria como desesperadamente lenta.
Pero el éxito de todos estos procesos requiere previamente la base y la fortaleza de la unidad nacional de España. Y es que este es el momento de unirnos todos más que nunca en el proyecto común, en el esfuerzo compartido. Este es el tiempo en el que todos los poderes del Estado, y las Comunidades somos Estado también, debemos actuar de manera conjunta, en una misma dirección.
Con nuestro reconocimiento al Gobierno de la Nación, es preciso afirmar que ninguna Comunidad aislada habría podido impulsar un Plan de pago a proveedores o un Fondo de liquidez, para atender las situaciones de extraordinaria necesidad que estamos viviendo. De esta manera vemos cómo solo desde la unidad podremos afrontar mejor los durísimos retos que hoy tenemos enfrente. Lo que se está produciendo, por cierto, en ejercicio de una solidaridad nacional entre españoles, que no solo actúa para atender a las necesidades de los territorios menos ricos o menos desarrollados, sino también a las necesidades de aquellos otros que, aun siendo más ricos, han incurrido, sin embargo, en mayores déficits y endeudamientos.
Castilla y León comparte, por último, que es imprescindible un proyecto europeo fortalecido para salir de esta grave crisis. La Unión Europea es nuestro entorno natural, un proyecto de futuro común que es más necesario que nunca. En todos estos años, Europa ha significado para nosotros progreso, bienestar y cohesión, a través de sus fondos estructurales, de su normativa, de instrumentos comunes como el Euro, y de sus diversos mecanismos de cooperación.
Ahora es preciso reforzar mucho más ese proyecto europeo, en cuyo ámbito hay cuatro cuestiones que preocupan en nuestra Comunidad de manera muy especial:
La primera se refiere alaactual “asimetría financiera” de la Unión. Es urgente corregir las enormes disparidades en los tipos de interés que hoy existen entre los distintos países europeos. Donde unos, como España, se ven abocados a abonar durante años elevadísimos intereses para financiarse, con unos costes que van a exceder, con mucho, a la generación actual. Mientras que otros, los más ricos, obtienen financiación a un coste cada vez más reducido. Creo que puede afirmarse que, para bastantes Comunidades Autónomas de España, el principal problema financiero no es tanto, con serlo, el volumen de su endeudamiento sino el elevado coste que deben pagar por él.
La segunda se refiere al absoluto olvido europeo de las políticas de estímulo al crecimiento económico. Cuando parecía existir en Europa un consenso básico para no enfrentar, sino hacer complementarias, las políticas de austeridad y estabilidad presupuestaria y las de estímulo al crecimiento de la economía productiva, los propósitos a estos efectos aprobados en la última Cumbre Europea de junio se han desdibujado en este breve tiempo, defraudando así las expectativas generadas, y olvidando clamorosamente que el drama principal de esta crisis es el paro de las personas, el empobrecimiento de las familias, y la destrucción de nuestro tejido empresarial. Y que hay que dar respuestas adecuadas para ello.
La tercera se refiere a la necesidad de seguir contando con una Política Agraria Común fuerte y estable. Es esta una de las políticas fundacionales de la Unión. Sigue siendo fundamental para el mantenimiento del sector agrario, que en España y en Europa tiene un gran valor económico, social y estratégico. Los importantes recursos vinculados a la PAC van a ser de los últimos a los que pueda recurrir en el futuro un país como España, que tanto ha convergido con la Unión durante los últimos 20 años. El Gobierno de la Nación debe hacer por tanto, un esfuerzo muy especial en la búsqueda de las mejores alianzas y en las negociaciones para que los agricultores y los ganaderos de España puedan seguir contando entre 2014 y 2020 con recursos procedentes de la nueva PAC.
Y la cuarta se refiere a otro sector estratégico para España y para Europa, como es el de la energía. Dentro de este, es conocida la defensa que nuestra Comunidad, además de otras, viene haciendo del carbón autóctono. Desde luego por ser un sector de actividad y de empleo sin alternativas en algunos territorios. Pero también por poderosos motivos de garantía del suministro y de reducción de la dependencia energética. En línea con lo que el propio Gobierno ya ha anunciado, le animamos a hacer todos los esfuerzos precisos para cambiar, en el ámbito de la actual normativa europea, el sinsentido de vincular las ayudas públicas al carbón al cierre de las minas, y de exigir a las que sean rentables en 2018 la devolución de las ayudas que hasta entonces hayan recibido precisamente para ser rentables, algo contrario tanto al sentido común, como al económico.
Para finalizar, quiero expresar a esta Conferencia la convicción profunda de Castilla y León, y de sus ciudadanos, de que es mucho lo que en España hemos avanzado juntos en esta etapa democrática. De que sin duda son numerosos y difíciles los retos y esfuerzos que nos esperan. Y de que juntos, desde la unidad y la responsabilidad de todos, vamos a ser capaces de afrontarlos con éxito.
