La fotografía muestra cómo el huerto solar rodea buena parte del campo de golf de Valverde de la Virgen.
A pesar del destrozo ambiental que ha habido (15 hectáreas de monte bajo de roble) la legislación ambiental de Castilla y León no exige impacto ambiental para instalaciones de producción fotovoltaicas a no ser que sean mayores de 10mW.
Lo máximo que se puede encontrar es la orden de fomento ORDEN FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico, que exige «compromiso del propietario de los terrenos de la retirada de paneles, soportes, cimentaciones e instalaciones complementarias derivadas del uso autorizado, una vez que finalice el uso que se autorice; de forma que quede asegurada sin ninguna alteración la naturaleza rústica de los terrenos, permitiendo continuar con la utilización racional de los recursos naturales. Limitación que deberá expresarse en la correspondiente autorización haciéndose constar en el Registro de la Propiedad» (a nuestro entender difícilmente se repondra el bosque destruido).
De todas formas, en otro caso nos hemos encontrado con que la empresa elude esta evaluación de impacto ambiental, realizando dos proyectos conjuntos de 5mW (Tequi Solar instaló dos plantas juntas de 5 mw en Garrafe de Torío y no precisó de impacto ambiental). La licencia ambiental se gestiona desde los ayuntamientos. En nuestro caso el ayuntamiento de Villadangos realizó la licencia ambiental pero sólo publicó en el boletín y no notificó a colindantes, como exige la legislación (ley 11/2003 de Prevención ambiental de Castilla y León).
Hemos pedido acceso a ver ese expediente (con fecha 14 de diciembre y todavía no nos han permitido verlo). El ayuntamiento de Valverde de la Virgen (por donde transcurre la mayor parte de la línea de evacuación, que a todos los efectos es considerada una instalación de producción no de distribución, ni transporte) directamente se saltó este trámite reclamado por los vecinos, el mismo alcalde oralmente nos transmitió que se trataba de una línea de transporte y estaba sujeta al regimen de comunicación ambiental.
En el expediente de industria, por otro lado, entre los muchos errores encontrados hacían referencia a la legislación ambiental de Andalucía («los problemas del corte y pega», como me dijeron en industria a la vista del expediente) y se decía directamente que estas instalaciones no requerían trámite ambiental alguno…..
Por último, no entendemos como una persona que está suspendida de empleo y sueldo por la trama de huertos solares está encargada de la inspección de los expedientes tramitados en la misma fecha de la supuesta trama. A pesar de haber recurrido su sentencia y haberse paralizado, ¿no podrían encontrarle un mejor acomodo, siendo la Junta la principal afectada, haciendo otro tipo de tareas? ¿por qué ostenta un cargo político a pesar de todo (concejal de urbanismo en Villaquilambre)?
