Ya era hora de que la lógica empezase a imperar en temas laborales y, fundamentalmente, entre la población parada. Durante mucho tiempo hemos comprobado cómo parados de ‘larga duración’, que a la vez cobraban el desempleo, se mofaban en bares y cafeterías de quienes iban a trabajar todos los días, pasaban mañanas enteras jugando a las tragaperras, desempeñaban labores retribuidas además de cobrar el paro y presumían de no aceptar trabajos «miserables». Sí, «de esos de mil o mil quinientos euros» (sic). Ha sido habitual comprobar cómo fallaba, y sigue fallando, la inspección laboral. Por fin, parece que la nueva reforma laboral del Gobierno va a coger el toro por los cuernos y afrontar la realidad diaria.
Estaremos ante un acierto si la nueva reforma exige a los parados la realización de cursos de formación que ofrece el INEM. Hasta ahora se hacía la vista gorda cuando parados con algún tipo de prestación no acudían a los referidos cursos. Incluso los parados que se matriculan en cursos de centros de EPA en toda España utilizan los centros de educación de personas adultas como tapadera para no asistir a los cursos del INEM. Suelen exigir un certificado como que están matriculados en alguno de los cursos de la oferta formativa y así evitan la presión del INEM; es un truco muy viejo que se ha incrementado en los últimos años.
Llama la atención que hasta ahora, al menos en teoría, los desempleados estaban obligados a acudir a los cursos de formación laborales, o a completar itinerarios formativos orientados a la tan necesaria inserción laboral, y debían hacerlo desde el primer día como parados; no obstante, podían rechazarlos durante un tiempo. En la nueva reforma laboral, o al menos en el proyecto de reforma figura así, los parados están obligados a aceptar cualquier tipo de curso desde el primer día, lo cual es un acierto y, además, lleva aparejada tipos de sanción si se incumple, llegando a perder la prestación.
Desde la época del que fuera ministro de Trabajo y de la nada condecorada, Jesús Caldera, muchas cosas huelen a podrido en el ámbito del desempleo y de los subsidios que lleva aparejados; la vergüenza alcanza límites insospechados cuando se comprueba que un parado en cursos de formación no suma en el cómputo de parados (hablamos de cerca de 800.000 personas que hay que añadir a los cuatro millones y medio de parados actuales que ha generado la mala gestión y la falta de medidas razonables del Gobierno de Rodríguez ).
La medida de asistir a cursos de formación es correcta, siempre que no se tome a ‘chirigota’. Bien es verdad que el INEM proporciona bastante menos trabajo de lo que proporcionan algunas ONGs y entidades religiosas como Cáritas. El INEM y sus homólogos de las Comunidades autónomas se han convertido en meras y simples oficinas de trámite, a quienes se les hace menos caso que a un antitaurino en plena feria de abril o a un ‘animalista’ durante los sanfermines, menos aún desde que asimilan a ETA y su infirno con el diestro de Ubrique.
Ni siquiera ha conseguido llegar el INEM a colocar un 1% del total de parados. Al contrario de lo que se piensa, es la empresa privada quien tira del carro de la crisis con la inusual y pública aportación del colectivo de empleados públicos, en tanto que Gobierno, Ministerio de Trabajo y Sindicalismo Vertical Unificado observan el paisaje, a la vez que van subidos al carro de la subvención y de la mamandurria que representa y abandera la siniestra cavernaria del actual Gobierno.
