La intuición y el temor de que la situación bancaria española pudiera estar en una situación límite, debido a la falta de afloración de crédito desde las entidades financieras a pesar de las continuas inyecciones de ayudas de capital, ha llevado al Banco de España a realizar test de estrés a la mayor parte de la banca española como cálculos exactos sobre cuáles van a ser las pérdidas que experimentará nuestro sistema financiero en el futuro. Era una medida necesaria y clarifica varias cuestiones que hasta ahora peremanecían ocultas entre la magnitud de la crisis.
La primera conclusión es que en este momento las pérdidas bailan en una horquilla de entre 150.000 y 200.000 millones de euros según se adopte una perspectiva más o menos pesimista, la precisión. Pero, al menos, sí cabe extraer una primera conclusión de los test que se hicieron públicos ayer: la banca española hoy por hoy no está quebrada y el conjunto del sistema tiene activos suficientes con los que hacer frente a sus deudas.
La segunda es que mientras la banca privada ha pasado con nota el test, no han sido así las Cajas de Ahorro, ya que cinco de ellas necesitarán nuevas inyecciones de capital público.
Son los grupos de cajas Diada (fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa), Unim(Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu), Espiga (Caja Duero y Caja España) y Banca Cívica(Caja Navarra, General de Canarias y la de Burgos) no han conseguido al nivel mínimo requerido. Además, Cajasur tampoco llega al aprobado, pero ya ha sido absorbida por BBK (que se había fusionado a toda prisa. Están dañadas por los activos inmobiliarios que se han sido incrementados por la «gestión politica» de las mismas).
Todo ello a pesar de que el resultado se ha visto paliado por la nueva ley de Cajas que no impedirá que se puedan repetir la financiaciones inverosímiles a Comunidades Autónomas o Empresas por razones políticas de los capitostes de la zona que han tenido acceso –vía consejos de administración — que no se hubieran llevado a cabo, de haber imperado un criterio meramente profesional.
Sería un error que el Banco de España no siga planteando normas para el control y la profesionalización de las Cajas de Ahorro, expulsando a los políticos en activo de los consejos de administración. Aún existe un 50% de posibilidades de decisión política a través de personas nombradas desde los partidos con la nueva ley. El afán y la codicia política podría atacar de nuevo por los flecos que deja esta ley, ya que se ha visto posible soslayar una quiebra generalizada de las Cajas de Ahorro en este momento. Sería conveniente que aquellos responsables políticos de estos desvíos de dinero empiecen a responder con su responsabilidad civil, como han empezado a reclamar a los responsables de CCM y se conviertan en procedimientos penales, si hubiera lugar, para aviso a navegantes.
