Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE,S.I.
El Comité Ejecutivo estatal de ANPE ha decidido presentar esta demanda de impugnación directa del Real Decreto 8/2010 ante el Tribunal Supremo, en defensa de los derechos del profesorado de la enseñanza pública.
Este recurso no pretende blindar a los profesores frente a las medidas que se adopten para hacer frente a la crisis ni de defender privilegios sino recordar al Gobierno que sus atribuciones se enmarcan en normas vinculantes, que emanan de la Constitución y de las disposiciones legislativas y reglamentarias que las desarrollan. Por supuesto, si la impugnación prospera afectará a todo el colectivo de funcionarios.
Los motivos que han llevado a ANPE a presentar dicho recurso son los siguientes:
- El Decreto vulnera los compromisos adquiridos con los representantes sindicales de la función pública, conculcando el derecho a la negociación colectiva reconocido en el artículo 37 de la Constitución. El recorte salarial, además, se ha decidido y aplicado sin ninguna intervención sindical.
- El Decreto puede vulnerar el Estatuto Básico del Empleado Público, que fue ratificado por el Congreso a través del artículo 24 de la Ley de Presupuestos para 2010, publicada el 24 de diciembre pasado.
- La facultad del Gobierno para dictar disposiciones legales a través de la vía extraordinaria del Decreto- Ley está reservada a casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, que no se justifican en absoluto en la exposición de motivos del RD 8/2010, estando ya en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2010. La necesidad de disminuir el déficit público ya era manifiesta cuando dichos presupuestos se aprobaron en diciembre pasado. De hecho, la Comisión Europea lo ha dictaminado en varias ocasiones, que fueron sistemáticamente ignoradas por el Gobierno.
- El Decreto atenta contra los derechos patrimoniales adquiridos por los funcionarios docentes, quebrando el principio de protección de la confianza legítima que recogen los artículos 14, 31, 33 y 37 de la Constitución, especialmente las retribuciones consolidadas- sueldo base y trienios- que afectan además a los derechos pasivos, y se sitúa así fuera, de nuevo, del marco legal de los presupuestos del Estado.
- El Decreto infringe el principio de igualdad al convertir el recorte retributivo en una norma de índole fiscal progresiva, que grava por segunda vez las rentas de trabajo de los empleados públicos y que para colmo sólo afecta a las procedentes de una determinada fuente. Contra todo derecho, aplica de forma desigual y progresiva el recorte salarial de manera discriminatoria y arbitraria, vulnerando los méritos adquiridos y comparando de manera demagógica esta disminución retributiva con la de los altos cargos políticos, que disfrutan de retribuciones extraordinarias, como dietas, prebendas, bonos y beneficios.
- El Decreto puede ser inconstitucional al vulnerar los derechos adquiridos de los funcionarios, declarada ya por el Tribunal Supremo en varios dictámenes anteriores.
ANPE considera que el tristemente famoso Decretazo carga todo el peso de las consecuencias de la imprevisión del Gobierno – y de su incapacidad para llevar a efecto medidas económicas verdaderamente efectivas- sobre un colectivo que desempeña un trabajo de mucha responsabilidad.
Debemos recordar una vez más que el Estado no es ni significa nada sin el trabajo de los funcionarios públicos y que, de entre ellos, los docentes especialmente deberían ver valorado su trabajo según la relevancia social del mismo, que es fundamental.
