El Gobierno reconoció el pasado mes a una pregunta parlamentaria mía que ha habido 89.988 fallecidos mientras estaban en la lista de espera para obtener la prestación prometida en la ley de la Dependencia, aún restan más de medio millón de personas en la citada lista, pese a ello, poco después Rodríguez Zapatero propina un innecesario recorte de sus derechos.
Digo innecesario porque el ahorro de 670 millones de euros que se pretende de la dependencia, forma parte del mayor recorte social de la historia de España, 15.000 millones, y este era perfectamente evitable si no hubiesen tenido lugar los dos planes E, y la deducción de los 400 euros, que ascienden en su conjunto a 19.000 millones.
Es decir, solo evitando los dos últimos errores socialistas, hoy no tendrían que padecer el recorte los mayores, jubilados, madres, personas dependientes y empleados públicos.
Tras tres años de vigencia de la Ley de Dependencia, el dato de los 89.988 fallecidos testimonia el fracaso colectivo que supone haber generado unas expectativas, infladas políticamente, que luego no se han podido atender.
De los casi 90.000 de fallecidos en lista de espera en el conjunto nacional, 37.425 murieron antes de haber obtenido el dictamen sobre su grado de dependencia y 52.563 fallecieron tras haber logrado el referido dictamen y en espera del servicio o prestación asignados.
El Gobierno evita detallar la distribución por autonomías, pero lo cierto es que el problema no es de unas comunidades u otras –como han tratado de hacer creer con una beligerante oposición en Madrid y Comunidad Valenciana- sino del enojoso sistema que requiere hasta 32 pasos diferentes desde la solicitud hasta la recepción de la ayuda, y de la escasez de recursos para alcanzar los objetivos gubernativos que sin descanso se han publicitado.
Lo peor de la inflación de promesas y exageraciones sobre la creación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, no es que fueran falsas, sino que hubo cientos de miles de personas mayores y con discapacidad de buena fe que creyeron al Gobierno y hoy ven frustradas sus expectativas.
A los fallecimientos hay que agregar la largas listas de espera que alcanzan los 516.043 mayores o con discapacidad, y por comunidades autónomas la que arrastra una mayor demora es Andalucía con 146.324 dependientes esperando y la segunda Cataluña, con 73.276.
Esta situación de enorme lentitud, próxima al colapso del sistema se agravará en el futuro inmediato, ya que el presupuesto definitivo del Gobierno ha caído en 2010 un 18% en relación con el año anterior, y además el año próximo se incorpora una nueva cohorte de beneficiarios, aquellos que sean valorados como dependientes moderados de nivel 2, y que suman, a fecha de hoy, más de 100.000 dependientes adicionales.
Urge por tanto una reforma de la Ley, que todos apoyamos, y cuyo desarrollo ha dejado mucho que desear, así con la entrada en vigor de la ley no sólo no se han reducido las desigualdades territoriales preexistentes sino que han aumentado, según la comunidad autónoma de residencia puedes tener distinto grado en la valoración y por tanto diferentes prestaciones.
A las desigualdades se suma la falta de calidad, ya que se han generalizado en algunas autonomías los cuidados informales en el hogar, circunstancia que la ley contemplaba solo excepcionalmente.
Las futuras modificaciones legales deberán ir en la dirección de armonizar y aproximar la atención a las personas dependientes al margen del lugar en el que vivan, con criterios homogéneos para todas las autonomías, simplificando y reduciendo la burocracia, eliminando los diecisiete convenios, hasta ahora anuales, estableciendo procedimientos comunes y unas exigencias mínimas similares en cualificación profesional para los equipos de evaluadores, plantear un modelo básico de Programa Individual de Atención y también criterios de acreditación de centros, calidad, frecuencia de prestaciones y seguridad del Sistema Nacional de Dependencia sean comunes.
Queda mucho por hacer sino queremos renunciar a aquella ilusión compartida.
