«Esta iba a ser la legislatura del pleno empleo y vamos camino de los cinco millones. España en política exterior está hecha unos zorros y qué decir de la política autonómica, de la justicia y la educación», ha dicho Ortega Lara en esRadio. No se equivoca ni un ápice, aunque evidentemente se ha quedado corto en su análisis sobre las brutalidades del Gobierno que preside Rodríguez Zapatero y en cuanto al daño que ha realizado en los ámbitos laboral, educativo, social, político y económico.
Hay que constatar, también, que todo cuanto ha achacado al PP es veraz: “los populares antes defendían la unidad de España, antes defendían la igualdad de los españoles ante la ley, y ahora esto no es así. El PP siempre defendió a las víctimas del terrorismo», pero ahora «las defiende con la boca pequeña». En este sentido, muchos españoles piensan exactamente igual que Ortega Lara. A Mariano Rajoy ya no se le ve como un líder, sino como un estorbo en política y un imposible para llegar a Moncloa. Al partido de la derecha ya no se le considera como el partido de la oposición que aspira al Gobierno, sino como un comparsa sin perspectiva de futuro, sin equipos, sobrado de corrupción y con demasiadas causas pendientes, además de excesivamente pendular.
Acierta plenamente Ortega Lara en cuanto a la presunta negociación del Gobierno con ETA. Por un lado es la única baza que le queda después de haber fracasado brutalmente en política interior y haber hecho el ridículo en política exterior y, por otra, es muy sospechoso que no haya renunciado al consentimiento del Parlamento para negociar con la banda. Incluso, aunque el tiempo demuestre que la negociación no existe, la ciudadanía seguirá sospechando, porque antaño ya ‘la metió atravesada’ y, donde negó que hubiera negociación, no solo la había sino que se llegó hasta la línea de lo que hubiera sido una venta miserable y anticipada del Estado de Derecho.
Cualquier conocedor de los entresijos del terrorismo urbano y de las cloacas de los Gobiernos socialistas sabe que las detenciones, el desmantelamiento de los zulos y los cercos a la banda asesina no suponen ir decididamente contra la banda. Estrategia, se llama. Cada parte pretende fortalecerse a su manera, con el fin de abordar la negociación de la mejor manera y en mejor posición. Una de esas estrategias es la utilización de los medios de comunicación y las declaraciones rimbombantes. “¡Vamos a por la banda!”, ha dicho Rubalcaba.
“En esta negociación, las detenciones y los atentados no demuestran sino que ambas partes tienen estrategias para fortalecer su posición en la mesa de negociación» dice Ortega Lara. Lo dice con la claridad de quien ha entrado en el juego en contra de su voluntad. Y lo dice desde la comprensión a las palabras de Jaime Mayor Oreja. Lara cree sin titubeos la afirmación de Mayor Oreja: «pienso como él, porque está bien elaborada y porque tiene una lógica casi impecable».
“Jaime ha dado en el clavo”, según el burgalés. Para tal afirmación parte de una base lógica: se han lanzado a él como lobos heridos. De no haber sido ciertas las palabras de Mayor Oreja se hubiera limitado al chascarrillo, a la vulgar broma y la sonrisa irónica. Pero… no, el ex ministro ha acertado. La negociación existe. Y las detenciones recientes, junto con las bravuconadas de Rubalcaba, forman parte de esa estrategia a la que nos hemos referido; es más, en el Gobierno sigue habiendo miedo a que GARA hable por boca de ETA y del entorno abertzale. Aún hay resentimiento, quedan asignaturas pendientes de la anterior negociación y de la tregua-trampa. Sigue la estrategia. Hay demasiadas fichas sin lugar de juego.
El caso “Faisán” aún colea y seguirá coleando. Faltan nombres y sobran ‘navajazos’ contra el Estado de Derecho. Barrionuevo lo negó todo en su día, como Rubalcaba negó hasta la extenuación el GAL. También ahora don Alfredo niega la ‘faisanada’ y, de momento, se darán un descanso con las consecuencias del sumario del caso Gürtel, una vez que se haga pública parte del mismo a primeros de abril. Pero seguimos sospechando del Gobierno, tanto en su posición respecto a las víctimas como en su desprecio a la verdad en política antiterrorista y en cuanto al bienestar de la ciudadanía.
