Según la Justicia, el multiasesino ha cumplido su pena y debe abandonar la prisión. Lo que digan las leyes no lo suelen poner en tela de juicio los ciudadanos, pero es evidente que no siempre lo que es legal es también justo.
La sociedad civil no puede consentir un atropello como el que se avecina, diga lo que diga la Justicia: una Justicia en la que hemos dejados de creer la inmensa mayoría de los ciudadanos; una Justicia sospechosa por las barbaridades que hemos presenciado durante la tregua-trampa; una Justicia tardía, torpe y antigua.
La dignidad de las víctimas no debe ser pisoteada y, tanto el Gobierno como la Justicia, están para salvaguardar esa dignidad. Otra cosa bien distinta es la desconfianza que la sociedad tiene en uno y en otra después de lo que ha llovido y, en concreto, en lo que afecta al terrorismo. Caerán chuzos de punta antes de que muchos partidos reaccionen. Ahí tienen el silencio del Partido Popular que, como de costumbre, actúa cuando otros le abrimos brechas y damos ideas.
Hasta el momento tan solo han reaccionado el ministro Bermejo y Rosa Díez. Esta última con toda su artillería y sentido común: como representante de UPyD ha planteado que se estudie la posibilidad de embargar la vivienda de San Sebastián, donde Iñaki de Juana pretende vivir, con el fin de hacer frente a las indemnizaciones económicas que adeuda a sus víctimas.