No se persigue el fraude real existente en el pago del paro. No se toca el creciente engaño existente con las ayudas familiares y las de 400 euros por haber agotado los dos años de paro. Tampoco se controla el abusivo tiempo de permanencia en el paro, a pesar de que si algo sobra en España es trabajo.
Abunda el fraude en los burdeles sindicales, donde los liberados campan a sus anchas, mientras el empresariado tiene que abonar su nómica, costes de la Seguridad Social, derechos pasivos, vacaciones y pagas extraordinarias. Pero todos esos abusos no parecen importarle al Gobierno socialista. Su objetivo es dañar a toda costa a uncionarios y jubilados; precisamente, los menos culpables de la crisis.