A pocos nos han sorprendido las medidas de austeridad adoptadas por José Ramón Bauzá en Baleares. De la misma forma que tampoco nos ha sorprendido que Lolita de Cospedal cogiera al toro por los cuernos en Castilla-La Mancha; una comunidad donde no pasaba nada hasta hace unos días y los dirigentes anteriores hacían declaraciones igual que las que hacen ahora los dirigentes de Castilla y León. El problema vendrá cuando se cambie de color. Porque antes o después León y Castilla han de tomar decisiones de calado y la ciudadanía deberá enfrentarse a la realidad, en vez de esconderse tras la comodidad de un programa agotado como el que representa Herrera Campo: “quien no crea en mi programa, sobra”, decía anteayer Juan Vicente Herrera.
Ante tales declaraciones de Herrera Campo, una parte de la ciudadanía se preguntaba aquello de: “¿no serás tú, Herrera, quien sobra en Castilla y León?”. Para ir salvando la cara, la consejera de Hacienda ya habla de imposibilidad de conocer los ingresos de 2012 y de los doscientos y pico millones que debe la Administración de Zapatero; poco a poco van destapando el pastel, al demostrarse que en educación han rebajado un 41,14% a los centros públicos, en lo que a gastos de funcionamiento se refiere.
Pero volvamos a Baleares. Ya llegará el momento en que debamos analizar Castilla y León. Ahora está de moda hablar de Baleares y de José Ramón Bauzá. Sus medidas deberían extenderse a otras comunidades autónomas. Son medidas de ajuste serio, necesario e improrrogable. Tal vez la más acertada y de más calado es la eliminación de los liberados institucionales. Unos cargos que no sirven para nada y que en su día se adoptaron de cara a la galería y a la imagen del gobierno correspondiente. Pero hoy sobran esos lujos que, dicho sea de paso, son más un esperpento que una necesidad. Bauzá lo tiene muy claro: “estamos aquí para tomar decisiones”.
Ahí está la clave de su éxito; no se entiende que todo el mundo se apriete el cinturón mientras los sindicalistas siguen levantándose a las once, mofándose de quien paga su nómina y tirándose a la bartola cuando ésta se deja. O jugamos todos o rompemos la baraja: “las familias han tenido que apretarse el cinturón por lo que la Administración hará exactamente lo mismo”. Ha dado en el clavo y no solo eso sino que, de ahora en adelante, las demás comunidades deberán hacer lo mismo, salvo que prefieran convertirse en la mofa y risión de la ciudadanía.
La eliminación de los liberados es “una de las medidas que tendremos que tomar”. Y lo ha hecho sin remordimientos y sin que le tiemble la mano. Es una medida que no es dura para nadie pero sí necesaria. Tal vez pueda ser dura para quienes se ven obligados a retomar su trabajo a diario, en vez de deambular por bares y oficinas. Antes de sacrificar un euro de los ciudadanos, no hay duda que es mejor y más sensato acabar con el sindicalismo de pandereta, corchera y aplauso fácil. Bastante daño han hecho los sindicalistas durante este último septenio negro, sobre todo el sindicalismo de clase, hoy convertido en un simple burdel al servicio de una izquierda trasnochada y casposa. Ahí tienen las consecuencias de su apoyo a Zapatero y a la denigrante falta de planificación que representa el Gobierno-ruina que ahora inicia su retirada.
Los políticos tienen que reaccionar o abandonar la representatividad. No vamos a consentir el enriquecimiento de vagos dormitando. Hoy sabemos que su patrimonio es desmedido y que no se ha hecho trabajando. Si los políticos están obligados a proporcionarnos libertad, los ciudadanos queremos elegir en libertad. Si esas premisas no se dan es porque los que mandan han perdido la vergüenza y, por tanto, los que obedecemos nos propondremos perderles el respeto, como dice el refrán.
