Jubilados, pensionistas y empleados públicos están que trinan contra las medidas del Gobierno, con las que salen perjudicados y parecen los culpables de haber creado la crisis. Por eso es el momento de poner toda la carne en el asador y hacer ver al Gobierno de Rodríguez que ya está de más y que bastante daño ha hecho en los últimos años, tanto en el plano social, como en el político y en el económico.
El 29 de septiembre tiene que ser ‘sonado’ y la ciudadanía tiene que decir lo que siente. Ese sentimiento, en gran medida, no es más que la desilución, la desconfianza y el convencimiento de que el Gobierno ha perdido el norte. Ni siquiera encuentra el resto de puntos cardinales. Los fuertes recortes sociales son un ejemplo de ineptitud y falta de planificación. Precisamente se castiga a los colectivos que menos culpa tienen de los desatinos. Nadie puede negar, por poner un ejemplo, que la congelación de las pensiones es una clara vulneración del Pacto de Toledo, aunque la torpeza del Ejecutivo parece no verlo así.
La cobardía sindical y su colaboración con el Gobierno en la destrucción de empleo, además del recorte de pensiones y la fraudulenta rebaja de los sueldos a los empleados públicos ha sido la gota que ha colmado el vaso. Tales medidas son las que han destruido por completo la credibilidad en los agentes sociales, sobre todo en el ‘Sindicalismo Vertical Unificado’ que representan CCOO-UGT. Y prueba de ello es que la última huelga no triunfó por partir la convocatoria de ellos, por su despreciable actitud y por su apoyo al Gobierno a cambio de prebendas de todo tipo: empezando por el atropellado patrimonio sindical y acabando por el vulgar llenado de cuentas sindicales.
Esos sindicatos han aplaudido hasta con las orejas cada una de las ayudas que el Gobierno ha dado a la banca y a los empresarios, porque también se han beneficiado de ellas. Hoy la imagen de ese fraudulento sindicalismo es la contemporanización progubernamental y la cobardía para denunciar al Gobierno que más derechos sociales ha destruido. Y si el principal derecho es el derecho al trabajo, claramente estamos ante un daño de gran calado y extraordinaria trascendencia social.
El amorcillamiento sindical es un hecho. El futuro no se gana con liberados entorpeciendo los servicios públicos y cobrando del erario. Como tampoco las empresas progresarán mientras los empresarios sean quienes paguen a los sindicalistas adulterados. En este sentido, y en ese punto, la Constitución requiere una revisión en profundidad. No podemos seguir arando con bueyes torpes y cansados. La actual situación requiere de iniciativas y los sindicatos obreros no las tienen. No las han tenido nunca, de ahí que los beneficios aportados hayan sido nulos durante el periodo democrático.
