*FUENTE: ABC / «cOSAS DE UNA BAILARINA» / Jugada estratégica inteligente por parte de la Comunidad de Madrid al llevar a la Fiscalía Anticorrupción una quincena de contratos de material sanitario en los primeros días de la pandemia por un montante de casi 350 millones de euros para que se aclare la probidad de los mismos, en quiénes recayeron y su posible vinculación con miembros del Gobierno, con la irrupción de empresas totalmente ajenas al sector o de empresas que no facturaron un solo euro el ejercicio anterior a la pandemia.
Si se investiga el contrato en el que intermedió el hermano de Díaz Ayuso parece pertinente que la Fiscalía eche un detallado vistazo a las denuncias sobre esas sorprendentes adjudicaciones a dedo del Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, o del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.
Incluso aquellas que puedan afectar a familiares del presidente del Gobierno. Todos los actores políticos deben estar sujetos a idéntica transparencia. Todos.
