LOS RÁBANOS POR LAS HOJAS / El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya se ha dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para que le aclaran en qué casos se pueden denegar las extradiciones. Ha sido pocas horas después de que el Parlamento Europeo haya levantado la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
La consulta de Llarena tiene su origen en la decisión de Bélgica de denegar la entrega de Lluís Puig, pero lo que se decida afecta también a Puigdemont, Comín, Ponsatí y Marta Rovira. Llarena critica el desconocimiento de las autoridades belgas del sistema judicial español.
En su consulta a la justicia europea, Llarena se centra en la decisión de la justicia belga de denegar la entrega de Puig a España al entender los jueces belgas que el órgano competente para instruir la causa en España no era el Supremo sino un tribunal catalán y que su entrega pondría en peligro derechos fundamentales del reclamado, como el de la presunción de inocencia.
El magistrado duda de que esas resoluciones sean compatibles con el Derecho de la Unión por lo que, tras contar con el respaldo de todas las partes y haberse levantado la inmunidad de la que gozaban los huidos que habían sido elegidos parlamentarios europeos, ha decidido plantear siete preguntas al TJUE.
Entre sus dudas figura si el órgano de ejecución belga tiene la facultad, conforme al Derecho de la Unión, de controlar la competencia del órgano de emisión, en este caso el Tribunal Supremo. La Decisión Marco 2002 que regula las euroórdenes no reconoce esta facultad de control, un silencio que deriva del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los países miembros.
Si finalmente Llarena reactiva las euroórdenes, el balón volverá a la justicia del país donde estén los acusados, que tendrá que decidir. ahora mismo, Bélgica.