En la última amnistía, más de 30.000 contribuyentes han pretendido limpiarse, pero eso no les exime de responsabilidad.
Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, dos problemas para la sociedad española.
Por Jesús Salamanca Alonso / Da igual que el Congreso de los Diputados repruebe a Cristóbal Montoro o no lo haga. Es la ciudadanía quien le va a reprobar, a la vez que evitará que el Partido Popular tenga votos para volver a formar Gobierno. Cada vez somos más los que estamos empeñados y dispuestos a “fundir” al partido de la derecha oportunista y oscura, así como a no regatear esfuerzos para ello.
¿Por qué? Pues lo he escrito y explicado muchas veces, pero sobre todo porque la legislatura del Gobierno de Rajoy es la que más ha hecho sufrir al trabajador, más ha regateado las ayudas a los parados y más ha maltratado a los jubilados. Además, ha metido la mano en la Caja de la Seguridad Social y ha repuesto poco; ha bajado y/o congelado los sueldos durante cuatro años y ha despreciado a los administrados un día sí y otro también. ¿Está aclarado lo suficiente? Pues ya saben: sigan nuestro ejemplo y habremos “fundido” lo que va quedando de la derecha cuartelera, represora y mentirosa.
Según Mariano Rajoy hay que defender la amnistía fiscal, porque a ella se acoge mucha gente y se limpian millones y millones de dinero opaco, por no decir sucio. En la última amnistía, más de 30.000 contribuyentes han pretendido limpiarse, pero eso no les exime de responsabilidad. Las amnistías nunca caducan y siempre tienen a alguien detrás como máximo responsable. Ahí están los 706 irresponsables –que han pasado a ser ya 775 a día de hoy–.
La Agencia Tributaria debe dar los nombres, porque la primera lista ya está en las redes sociales. De nuevo Cristóbal Montoro, sus directores generales y el propio Gobierno han vuelto a hacer el ridículo. Y también la oposición porque no ha sido capaz de coger esa lista y publicarla; al final, seremos los ciudadanos quienes lo hagamos. Recuerden que la Agencia Tributaria tiene más topos que la postguerra civil. Por eso siempre defiendo que la investigación contra la corrupción debe iniciarse desde y en la propia Inspección de Hacienda. Abundan los buitres y sobran los topos interesados.
Para desviar el tema del blanqueo, Rajoy suele insistir en que las “decisiones del Gobierno han permitido aflorar 124.000 millones de euros en bienes declarados en el extranjero”. Algo parecido ha dicho el director de la Agencia Tributaria (éste debe dimitir y ser investigado sin más dilación), independientemente de que se hayan recaudado, en los tres últimos ejercicios económicos, 34.7000 millones de la lucha contra el fraude. Para la Agencia son los mejores datos de la Historia en cuanto a recaudación por destape de fraude económico, pero eso nos hace pensar a los ciudadanos, a la vez que sospechamos y desconfiamos de la casta política, muchas veces “casta pendenciera”.
Quien mejor ha utilizado la corrupción y el blanqueo de datos, además de otros delitos, ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ha explicado que el Ejecutivo se “embarcó” en aflorar el dinero negro y sucio porque en la última legislatura el Gobierno de Zapatero dejó “fundido” al país, dado el “agujero” de cerca de 80.000 millones en las cuentas públicas.
Montoro ha “destrozado” los argumentos del PSOE ya que, mientras estuvo en el Gobierno, había más de 150.000 millones de euros en el extranjero, en tanto que en España caía año tras año la recaudación. Sin duda, el PSOE tiene muy pocos argumentos (creo que ninguno) para abanderar la limpieza y la transparencia (ERE, Filesa, Malesa, Time Sport, el BOE, fraude del PER, tráfico de ayudas del paro en Andalucía, fraude y abusos del hermnísimo de Guerra,…). Algo parecido le pasa a Izquierda “Hundida”, pues defiende la transparencia, pero a la vez consiente el aprovechamiento a algunos de los suyos con la “Black” o la corruptela de Rivas Vaciamadrid. Como diría un buen amigo, “en eso de robar, corromper y buen vivir… ¡mamón el último!”
Sea como fuere, todos estos temas del blanqueo, la corrupción, el tráfico de personas y el alzamiento de bienes nos da pie a la ciudadanía para declararnos objetores fiscales o, al menos, para comprender que lo que se lleva hoy es ocultar a la Hacienda Pública cuanto se pueda. Ya se sabe que, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.
