Por Xavier Carrió / El pleno del Tribunal Supremo, quince togas con sus correspondientes treinta puñetas, por unanimidad, ha puesto fin a la rabieta de los jueces de la Audiencia Nacional ordenando la nueva encarcelación de 49 narcos de todas las nacionalidades que habían sido excarcelados últimamente basándose en la limitación de la justicia universal.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 27 de febrero de 2014, con los votos favorables del Partido Popular y la oposición del resto de grupos políticos, la proposición de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitaba los casos de la llamada jurisdicción universal en los que pueden intervenir los jueces españoles.
Así los jueces de la Audiencia Nacional habían empezado a liberar como un acto de rebeldía hacia quienes les habían quitado su juguete preferido, a narcos detenidos fuera de los límites territoriales españoles o en alta mar. El Tribunal Supremo ha actuado con la contundencia con la que lo habría hecho un buen padre de familia. No sólo eso, sino que al hacerlo ha puesto en evidencia a estos jueces a quienes la reforma que osó limitar su jurisdicción universal, que hasta ese momento se extendía a todo el orbe, les provocó un berrinche propio de niños malcriados y gritones.
Podríamos piadosamente decir que olvidaron que para juzgar a esos narcotraficantes no necesitaban la jurisdicción universal que antes les atribuía la ley, pues les hubiera bastado aplicar los convenios internacionales de los que España es parte y que, como ellos no pueden ignorar, así que el Alto Tribunal ha establecido que los jueces españoles son competentes en los casos de abordaje de tráfico de drogas en el ámbito marino, ya que la ley reconoce la jurisdicción para apresar barcos en alta mar que lleven droga , siempre que los tratados internacionales otorguen competencia para el apresamiento.
El Supremo señala que en el caso de los marineros egipcios ( y en todos los que están afectados por los mismos hechos) la jurisdicción viene otorgada por la Convención de Viena de 1988 y por los acuerdos del mar de Montego Bay de 1982.
La Fiscalía Antidroga recurrió contra la excarcelación de 13 narcotraficantes egipcios y de otro grupo de ocho sirios y ahora el Supremo, en una decisión que afectará no solamente a esos casos concretos sino a otros que han llevado a la Audiencia Nacional a liberar indebidamente a cerca de 50 narcotraficantes, le ha dado la razón. Lo complicado va a ser localizarlos por todo el mundo, ya que con toda seguridad habrán tenido tiempo para ponerse a buen recaudo.
