Xavier Carrió Jamilá / (…) Hoy hemos conocido (por fin) que Magdalena Álvarez ha presentado la dimisión como vicepresidenta del BEI. Ha tardado 30,000 euros en decidirse. Ahora dice que lo ha hecho por culpa del Partido Popular que no han parado de acosarla por la nimiedad de desfalco producido a causa de un procedimiento que ella inventó y que estuvo saqueando los fondos destinados a los trabajadores andaluces. Ahora ella dice que va a regresar a su plaza de inspectora de Hacienda, algo que tiene mucho peligro tratándose de ella. No estaría mal mandarla de asesora económica a la embajada del Chad, por lo menos yo me sentiría mas seguro.
Vamos por otra dimisión, La de Willy Meyer de IU que ha anunciado su renuncia al acta de eurodiputado al hacerse publico que contribuyó al fondo de pensiones en una Sicav -una sociedad de inversión de capital variable- ” “entre los años 2004 y 2009. cosa que no es delictiva pero totalmente incongruente dentro de los planteamientos del partido que representa, cuando el ha sido el abanderado contra la existencia de los paraísos fiscales y en este caso estaba en Luxemburgo por lo que solo tributaba por el 0.01% de los beneficios y más teniendo en cuenta que las Sicav son entidades que pretenden burlar las obligaciones fiscales de las empresas.
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Vamos a por otro que no dimite ni con agua caliente. Se trata del secretario general de UGT Cándido Méndez. Este paisano ha estado clamando contra el PP por el caso Gürtel. Resulta que en Andalucía la policía está deteniendo desde hace más de dos años a los principales dirigentes del sindicato de tal manera que toda la cúpula regional esta o encausada o en la cárcel sea por los ERES falsos o los cursos de formación con lo que financiaba las sedes, comidas o las francachelas de sus dirigentes.
Quien debería controlar todo esto debería ser el Tribunal de Cuentas pero ahora hemos tenido la explicación de porqué no llegaba a tiempo de cualquier chorizada. Sabiamos que el consejo era pactado por las primeras fuerzas políticas (PP y PSOE especialmente) Pero ahora resulta que en la plantilla del Tribunal de Cuentas parece ser que hay más vínculos de linaje que en el árbol genealógico de la Casa de Borbón. Desde el baranda de la UGT que iba colocando a las parientas tras cada divorcio hasta el cuñado de la cuñada del suegro del vocal tercero, allí, por lo visto, todo queda en familia. Para que después digan que PP y PSOE no aplican políticas de apoyo a esa institución, el núcleo primero de todo orden social que se quiera civilizado. He ahí el espectáculo crepuscular de lo público convertido, ya sin disimulos, en privativo comercio de sagas y cunas. Tupido entramado feudal de hijosdalgo que alimentan a sus respectivos séquitos patronímicos. Así desde el conserje de la puerta hasta el presidente.
No obstante, y contra lo que ordena el tópico canónico un millón de veces repetido, España no posee un Estado “elefantiásico”. Frente a los 9 empleados públicos por habitante de Suecia o el 1 por cada 12 de Francia, nuestro país se sitúa justo en la media de la Unión Europea, con 1 por cada 16. Exactamente el mismo porcentaje que Alemania, por cierto. Asunto bien distinto es el de la eficiencia. Recuérdese al respecto la célebre Ley de Bronce enunciada por Alejandro Nieto. Ésa que implacable reza: “Cada empleado estatal ajustará su rendimiento al del colega que, cobrando idéntica cantidad, trabaje menos”.
Aunque cuesta imaginar qué otro podría hacer sido el resultado final del desmantelamiento planificado de la función pública a lo largo de los últimos lustros. Al cabo, no en cosa distinta ha consistido la ecuménica patrimonialización de las administraciones en manos de los partidos. Genuina privatización del Estado de la que el Tribunal de Cuentas únicamente constituye tragicómico esperpento. Clamaba Ortega en 1914 mientras se pudría la Restauración en el fango de la esclerosis caciquil.
