El presidente de la Generalitat, Artur Mas ha asegurado que no sólo convocará la consulta acordada para el 9 de noviembre, sino que el Govern colocará las urnas para que los ciudadanos puedan votar.
Lo ha dicho en la sesión de control del Parlament, en la que ha reiterado que, en la medida en que l Estado no cederá a la Generalitat las competencias para celebrar el referéndum, convocará la consulta de acuerdo con la ley catalana de consultas que está previsto que el mismo Parlament apruebe en septiembre. “Y si queremos consultar a los ciudadanos, ¿cómo quiere que no coloquemos las urnas?”, le ha preguntado retóricamente a Alicia Sánchez-Camacho, que es quien le había requerido sobre la cuestión.
Nuevamente, el cara a cara entre el presidente de la Generalitat y la líder del PP catalán ha sido tenso, agrio, muy alejado de cualquier signo de deshielo. Ante el compromiso de Mas de facilitar las urnas para una consulta, Sánchez-Camacho le ha avisado de que “si lo hace sabe que no podrá ser una consulta legal, estará actuando fuera de la ley”. Unas palabras que han encendido a Mas quien no ha dudado en calificarlas de “muy graves”. “¿Quién es usted para erigirse en portavoz del Tribunal Constitucional? Nos está ya diciendo que el Gobierno español se opondrá y nos adelanta la posición del Constitucional, eso es gravísimo”, ha declarado Mas.
En otro momento de su debate, Sánchez-Camacho ha esgrimido un documento de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que entre otras cosas propone una declaración unilateral de independencia para el Sant Jordi de 2015, y ha señalado que el proceso “puede desembocar en un escenario parecido al de Ucrania”. Mas ha replicado negando cualquier similitud de Catalunya “con Crimea” y ha lamentado nuevamente que el Gobierno central no atienda a sus peticiones de diálogo.
El presidente de la Generalitat ha insistido, por otro lado, en que el Govern participará en el proceso de revisión del sistema de financiación autonómica, pero, a diferencias de todas las ocasiones anteriores, no lo liderará. “No pondremos la cara para que luego todos nos la abofeteen”, ha resumido gráficamente.
Al mismo tiempo ha remitido una circular de la dirección de la policía autonómica catalana establece el 9 de noviembre como fecha laboralmente ineludible para los agentes salvo baja médica justificada porque se celebrará una “consulta por el derecho a decidir”. En octubre de 2012, el entonces consejero de Interior arengó a altos cargos de los Mossos d’Esquadra a apoyar una hipotética secesión unilateral.
Po otro lado la autodenominada Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha elaborado un plan detallado para declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña, en un proceso de un año de duración que comenzaría el próximo 23 de abril, fiesta de Sant Jordi, patrón de Cataluña, y finalizaría justo un año después el día de Sant Jordi de 2015, con la ansiada secesión de España. Se trata de una hoja de ruta pormenorizada y de choque puro y duro con el Estado.
Se trata de la ponencia política de la ANC, una de las “marcas” de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se presenta sin el menor rubor como el motor indiscutible del proceso de secesión, y que será discutido y aprobado el próximo 5 de abril en una asamblea general que tendrá lugar en Tarragona. El escrito, de 16 folios, plantea sin ambages un escenario claramente insurreccional para lograr la separación de España.
“El proceso popular para poner las bases del nuevo Estado (catalán) -afirma el documento- tiene que empezar el Día de Sant Jordi de 2014 (sic) y el objetivo es que el trabajo quede terminado el Día de Sant Jordi de 2015 (sic)”.
Llama la atención que la ANC no preste la menor importancia a las eventuales medidas que el Estado pueda tomar para impedir la secesión. Menosprecio al Estado y total ninguneo al más que posible rechazo de la comunidad internacional, una cuestión casi infantil para la ANC y fácilmente solucionable, así como la marginación de cuestiones económicas básicas, por ejemplo, la fuga de capitales o la imposibilidad de que Cataluña contase con un Fondo de Garantía de Depósitos para defender el ahorro de los catalanes.
El documento contempla cuatro escenarios para la independencia de Cataluña. El primero, el menos interesante para los redactores del mismo, es el que contempla la posibilidad de que el Gobierno central deje llevar a cabo la consulta. El segundo analiza una “oposición suave” por parte del Estado, mientras que los dos últimos detallan una oposición total y el consiguiente choque frontal. Una posibilidad que en apariencia no preocupa, porque todo irá como la seda y acabará saliendo a pedir de boca de los chicos de ERC. Así, sostienen: “La visualización pública de que el país entero funciona por sí solo debe ser claramente percibida por la ciudadanía y ha de concretarse en elementos como elcontrol de las grandes infraestructuras y fronteras -puertos, aeropuertos…,- la seguridad pública, las comunicaciones, etc”.
Y es que el texto llega a producir sorpresa por la mezcla de tonos que destila. El principal, el más llamativo, es el aire imperativo del relato, de autoconfianza, de promesa ya casi hecha realidad sin ningún tipo de coste asociado, porque según el punto de vista de la ANC, punto de vista que han “comprado” tantos catalanes, el viaje a la independencia va a ser una alegre excursión campestre en un día de primavera.
