Ciudadanos protestando contra el fraude del Gobierno y el timo de las comunidades autónomas.
Colaboración de Xavier Carrió Jamilá / El Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha sentenciado este jueves que el denominado céntimo sanitario es ilegal porque vulnera la legislación comunitaria en materia de impuestos. No se trata de una decisión baladí. La tasa en cuestión, ideada para financiar las competencias sanitarias y medioambientales de las comunidades autónomas, oscilaba entre 1 y 4,8 céntimos por litro de combustible y ha recaudado un total de 13.000 millones de euros entre 2002 y 2012, cifra muy considerable. Lo grave es que este dinero, que sale del bolsillo de millones de conductores, ha sido recaudado de forma ilegal por la Administración. Por si fuera poco, el fallo estipula que el Gobierno y las comunidades autónomas actuaron de mala fe, ya que mantuvieron la vigencia de este tributo durante una década a sabiendas de que vulneraba la normativa europea.
Este último punto es, sin duda, lo más sangrante de todo. Resulta que en el momento que el Gobierno Aznar, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, implanto el céntimo sanitario en un momento que las cuentas iban boyantes y no había una necesidad real de buscar esta manera tan extravagante de financiación. Ahora resulta que Montoro dice que en aquel momento obtuvo el permiso de la UE, hecho que se niega desde Bruselas ¿Quién dice la verdad?
Porque si el resultado es que el ministro de Hacienda ha mentido, debería dar toda clase de explicaciones y dimitir a continuación, por haber mantenido de manera contumaz y reiterada algo a sabiendas de su ilegalidad, ya que desde Bruselas las advertencias han sido constantes.
Así, entre las múltiples vaguedades e inconsistencias empleadas para defender la validez de esta tasa, el Gobierno y la Generalidad de Cataluña, una de las comunidades depredadoras, señalan que actuaron en todo momento “de buena fe” porque pensaban que el céntimo sanitario se ajustaba al Derecho comunitario. Éste es, precisamente, el argumento que ha repetido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para eludir la responsabilidad de la Administración por el cobro indebido del impuesto tras conocer la sentencia.
El tribunal, sin embargo, demuestra justo lo contrario, a saber, que Gobierno y autonomías actuaron de mala fe porque poco antes de aprobarse la tasa la Justicia europea tumbó un tributo similar, y además la Comisión Europea ya había advertido a España de que su introducción era “contraria al Derecho de la Unión”. Tanto es así que Bruselas abrió un expediente disciplinario a España por este mismo motivo tras la aprobación del céntimo. Pese a todo, el Estado prefirió hacer oídos sordos para seguir recaudando un dinero que no le correspondía.
Tras casi once años de atropello fiscal y jurídico por parte de las autoridades nacionales, el Tribunal de la UE imparte ahora justicia a los millones de conductores perjudicados por esta medida confiscatoria gracias a la denuncia de una empresa de transportes y a la loable labor de sus abogados. Lo triste es que esta sentencia servirá de muy poco en la práctica. Muchos de los céntimos ilegalmente recaudados ya han prescrito (período máximo de cuatro años), y además los particulares no suelen guardar las facturas de combustible, clave para reclamar el dinero en los tribunales, con lo que la inmensa mayoría de los afectados no recibirá un solo euro. Los transportistas lo tienen algo más fácil, pero aun así no podrán recuperar todas las tasas abonadas. El Estado, por tanto, no devolverá los 13.000 millones ingresados mediante este impuesto ilegal. Con suerte, tan sólo reintegrará unos 3.000 millones, como máximo.
La ilegalidad del céntimo sanitario, la mala fe mostrada por el Estado al mantenerlo y la ausencia de resarcimiento a las víctimas de este nuevo despropósito tributario son síntomas inequívocos de la mala gestión pública que reina en España y de la profunda indefensión del sufrido -y timado- contribuyente.
Ahora las Comunidades autónomas, las grandes beneficiadas de este timo, ya están pidiendo nuevos recursos al Estado ya que dice que ellas no pueden, para hacer frente a las previsibles devoluciones.
En cualquier caso, y volviendo a la sentencia, lo que necesitamos son impuestos claros porque el Estado debe dar ejemplo a la hora de pasar sus facturas a la ciudadanía. No puede legislar contra los cargos por pan y mantequilla no solicitados en los restaurantes y colocarnos una subida en el impuesto sobre hidrocarburos en forma de contribución a un servicio tan preciado por la ciudadanía como es la cobertura sanitaria.
Es necesario que sepamos que cuando pagamos el consumo eléctrico un tanto es por el mismo y otro por impuestos, y déjese de rúbricas biensonantes en la factura como las subvenciones a las energías renovables. Todo lo demás son ganas de engañarnos aunque, también es verdad, que a los ciudadanos nos ha gustado mucho que nos engañen. Se vive también engañado; hasta que se descubre el engaño.
