La Junta de Castilla y León no suele contar a los medios que los centros educativos están sometidos a una «economía de guerra» y a unos recortes férreos, atroces y devastadores.
La política educativa de Castilla y León adolece de caos y desorganización. Es el fiel reflejo de lo que la Junta de Castilla y León llama «Dirección General de Política Educativa Escolar». Vamos, algo así como una ‘castaña pilonga’ de ocasión. Por eso, a nadie debe sorprender que, en numerosas ocasiones y desde distintos frentes sociales, se haya pedido a Juan Vicente Herrera la dimisión del titular de esa Dirección General, así como de todo su equipo.
Vamos a demostrar lo que decimos con un caso concreto: la existencia de plazas vacantes en centros públicos mientras se conciertan unidades en colegios privados. Por ejemplo, según la Junta de Personal Docente de los centros públicos no universitarios, en Valladolid hay plazas vacantes y no es necesario concertar con otro tipo de centros.
Todos sabemos que el PP lleva varios años desmantelando la educación en Castilla y León, a la vez que se dedica dinero a verdaderas estupideces mediáticas. Es más importante la imagen que se da en la prensa y otros medios de comunicación que la realidad. La Junta de Castilla y León no suele contar a los medios que los centros educativos están sometidos a una «economía de guerra» y a unos recortes férreos, atroces y devastadores. Nunca tan pocos habían hecho tanto daño. Tales recortes han convertido en agobio el día a día de los centros educativos.
Podemos comprobar que la Junta de Castilla y León no ha cumplido sus compromisos en muchos aspectos, como no los ha cumplido el Gobierno central de Mariano Rajoy; algo que ya va siendo habitual, aunque no aceptado. Ni en Castilla ni en León existe un equilibrio de las redes pública y privada, algo a lo que sí se comprometió el primer consejero de educación, Tomás Villanueva.
Se han suprimido unidades, disminuido plantillas, reconvertidas plazas de profesorado, recortado más de un 50% las dotaciones de los centros, no hay dotaciones propias de infraestructuras, se han reducido obras importantes y necesarias,…y todo ello mientras se aumentan los conciertos. ¿Acaso no es un fracaso brutal de la política educativa de la comunidad? Eso sí, luego sacan a relucir el informe PISA que, dicho sea de paso, ya nadie cree en él, por sus errores y deficiencias de base.
Recientemente decía la Junta de Personal Docente de Valladolid que «la Consejería de Educación estaría pagando dos veces por lo mismo, primero por clases de centros públicos que no están llenas y después por unidades concertadas, algunas de las cuales son objetivamente innecesarias». Éste es el pensamiento del profesorado que esté mínimamente informado. Doy fe.
En Castilla y León se confunde la «austeridad» con el desequilibrio y la dejadez. Lo más grave de todo es que en la Consejería de Educación nadie demuestra tener soluciones responsables. Y si alguien lo duda, no tiene más que mirar a la chapuza que pretendió llevar a cabo el consejero de educación con la ESO en la zona rural y que, en el último momento, desautorizó el propio presidente Herrera Campo.
Jesús Salamanca Alonso
