El Gobierno de Mariano Rajoy apenas se entera de lo que sucede en el país y menos aún de la problemática en que está inmersa esta España que va a la deriva social, política y económica. No se entera porque no se han tendido puentes a tiempo y porque los Gobiernos anteriores han cedido a chantajes con tal de mantenerse el poder.
No hay duda que el puente en temas educativos está roto desde hace tiempo. Y lo que es peor: posiblemente no sea acertado reconstruirlo y sí derruirlo por completo e iniciar una nueva relación interinstitucional. Por supuesto que la solución pasa por eliminar las autonomías que tanto daño han hecho al Estado, siendo los principales artífices de la crisis, el malgasto, el endeudamiento, el despilfarro y la corrupción que hoy aflora. La razón de ser de las autonomías está finiquitada.
La dejadez del Estado en temas educativos durante años, el incumplimiento de las resoluciones por parte de algunas comunidades autónomas y el hazmerreír en que se ha convertido el Tribunal Constitucional traen estos polvos secos. Desde el Estado sí se respeta el modelo de inmersión lingüística pero desde Cataluña y el País Vasco hay serias dudas, e incluso evidencias del ataque frontal a la lengua común de España.
Paso a contarles una maldad suficientemente contrastada y reiterada: imagínense al alumnado que no ha terminado la educación secundaria obligatoria. Cuando ese alumnado cambia de comunidad, resulta que no se suele dar por válidas las materias cursadas a la hora de presentarse a las pruebas libres para la obtención del título de graduado en secundaria para mayores de 18 años. Ese alumnado debe presentar su historial en un centro público de educación de adultos de la comunidad de acogida para hacer las pertinentes convalidaciones y, una vez hecho eso, ya puede acudir a las citadas pruebas para que se le convalide lo que proceda. Ver para creer.
El párrafo anterior no tendría sentido en un Estado organizado adecuadamente, pero resulta que algunas comunidades tienen un currículum para la ESO que es un atentado al sentido común y a la racionalidad. Revísense comunidades como Canarias (verdaderamente absurdo en cuanto hace referencia a la educación de adultos), Cataluña, Valencia,… incluso Galicia precisa un toque urgente. En una palabra: estamos en España pero es fácil ponerlo en duda.
El problema y los enfrentamientos creados recientemente por las lenguas vernáculas carecen de recorrido. Sin evitarlas ni eliminarlas, sí se precisa una actuación contundente y mucha más seriedad que la existente hasta ahora. Sobran las tonterías ‘toreras’ del ministro de educación, José Ignacio Wert, y los ejemplos anodinos y trasnochados de la vicepresidenta Actual. Las lenguas deben seguir siendo fijadas por las respectivas comunidades autónomas y los límites no son otros que los establecidos por las sentencias del Tribunal Supremo.
Todos los políticos intentan hacer merecimientos con las leyes educativas, como si quisieran que esas llevaran su nombre. Pero el profesorado está harto de tanta incompetencia política y de tan poca lógica a la hora de hacer planificaciones. Hablan de calidad pero desconocen la realidad; incluso los planes de calidad son absurdos en muchas ocasiones: se les llena la boca con los protocolos como si hubieran descubierto ese vocablo esta misma mañana, sin saber que la calidad es la que se plasma cada día con los errores y los aciertos. Las áreas de mejora de tratan en el día a día y en el aula, nunca en papeles que se dejan olvidados casi siempre, una vez que se obtiene el documento de reconocimiento. Ya se sabe que para hacer de la vida un arte hay que ser un artista y no todos están o estamos preparados para ello.
