Por Miguel Barrachina.- En el tiempo de aplicación del mayor recorte social de la historia de España, hay amigos del gobierno que siguen cobrando salarios disparatados.
Mientras se baja el sueldo a médicos, profesores, guardias y empleados públicos que alcanzaron su plaza por oposición, aquellos que la lograron sin tanto mérito conservan insultantes privilegios.
El submundo administrativo creado por el gobierno de Rodríguez Zapatero, tiene entes como el Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (Caiber), financiado íntegramente con fondos ministeriales, y que cuenta con un director, que en 2010, el año del decretazo, tuvo un salario de 131.000 euros, casi un 70% más que el presidente del gobierno de la nación, que percibe 78.000.
La exigente responsabilidad de este director, elegido en un proceso al que al parecer solo concurrió él, le ha llevado a disfrutar de un contrato indefinido, o sea, vitalicio, a pesar de que el consorcio Caiber tiene un plazo de vida de cuatro años.
Con lo dicho, a nadie sorprenderá que, cuando la ministra Cristina Garmendia el pasado octubre anunció el nacimiento de Caiber, este había recibido ya 20 millones de euros desde 2009. Y aunque solo ejecutaron el 60% del presupuesto se auto premiaron con un 10% de sueldo adicional “por consecución de objetivos”.
Todo en el año del recorte, ejercicio en el cual tuvieron tiempo de visitar varios paradores nacionales con cargo, como siempre, al erario público.
El gerente y la subdirectora, también con sueldos superior al de ministro, forman parte de la docena de empleados existente en Caiber, esta última, que “casualmente” trabajaba en la misma empresa privada que el director, fue elegida en un rocambolesco proceso en el cual el mérito era “no haber sido elegida para la plaza de gerente” que se cubrió con anterioridad.
Ciertamente asombroso. En ese mismo año, cuando todas las administraciones debían reducir sus plantillas con una tasa de reposición del 10%, un contrato por cada 10 jubilaciones, el ente Caiber multiplicó por dos su plantilla.
Mientras sigan floreciendo entes de este estilo, que dañan sobremanera a la función pública, a nadie puede extrañar que en el mes de enero la desviación del ejecutivo socialista en gasto de personal fuera de 343 millones de euros, casi un 20% por encima de la previsión presupuestaria, pensaban reducirlo un 2.1% por la bajada salarial y el resultado real es de un aumento del 17.2%.
Miguel Barrachina Ros
Diputado y Portavoz de Función Pública en el Congreso.
