Por Xavier Carrió.- Terminadas las vacaciones, empezamos septiembre con los mismos problemas que teníamos en julio, aumentados por la incompetencia y la desidia de un gobierno totalmente desaparecido que un día votaron 11 millones de españoles que contemplan como sus esfuerzos son únicamente para conseguir alargar su agonía en el poder. Hemos visto a Zapatero sacrificando sus vacaciones no para pensar en cómo va a aliviar la brutal tasa de parados o el enorme despilfarro de su gobierno, sino maquinando la conquista de Madrid para las próximas elecciones o lo que les va a regalar al PNV para salvarse en el debate de los presupuestos generales que él sabe que si no los gana, será su final.
Cuatro millones y medio de parados y un agujero presupuestario que no se quiere acortar por la vía de los gastos, nos devuelven a la cruda realidad. Para Zapatero este no es el problema sino poder conseguir aprobar unos presupuestos irreales para 2011 que nos llevarán a prolongar la agonía del inquilino de la Moncloa, cada vez más irracional y enloquecido. Aunque sea negociando bajo manga con ETA o para cargarse lo poco bueno que se ha realizado en los últimos tiempos en este país como el pacto PSOE-PP para la normalización del País Vasco, consiguiendo así el momentáneo desplazamiento de más de treinta años de nacionalismo radical y excluyente.
Entre ellas, las siguientes cesiones: la transferencia de Inspección de Trabajo, la Formación Profesional ocupacional y continua, el Instituto Social de la Marina, la gestión económica del régimen de la Seguridad Social, las políticas activas y pasivas de empleo, el Fondo de Garantía Salarial o las competencias de Crédito, Banca y Seguros.
El propio presidente de la formación, Íñigo Urkullu, recordaba recientemente al Gobierno que tales demandas, amparadas bajo el cumplimiento del Estatuto de Gernika, constituyen la base sobre la que negociar la aprobación de los PGE para 2011. Entre las exigencias presentadas destacan, sobre todo, dos: la transferencia de la «gestión económica del régimen de la Seguridad Social» y de las «políticas activas y pasivas de empleo».
Pero, ¿en qué se traduciría dicha cesión? Básicamente, en la ruptura de la caja única de la Seguridad Social o, al menos, en el inicio del proceso de la misma. Son varios los estatutos de autonomía que recogen la posibilidad de gestionar el régimen económico de la Seguridad Social, es decir, el dinero procedente de las cotizaciones sociales que pagan todos los trabajadores para obtener derecho al cobro de prestaciones públicas tales como pensiones o paro.
Rodríguez Zapatero estaría dispuesto a volver a abrir la puerta de las instituciones a ETA y entregarles al PNV lo que pidan, sea, dinero, «autogobierno» o la desmembración de la caja única de la Seguridad Social, todo ello junto a la cabeza de Patxi López. Para ello ha puesto sobre temas que deberían ser estrictamente económicos a Rubalcaba, el único que merece su confianza, ya que no se fia ni de su vicepresidenta económica ni del Lendakari, al negociar con Urkullu las bases de esta nueva estafa al país.
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