Miguel Barrachina, diputado del PP por Castellón.
La siembra del odio a lo común ha cosechado un nuevo éxito; el Parlamento Catalán, o mejor, 68 de los 125 diputados autonómicos catalanes han decidido ignorar su historia, renunciando a una tradición catalana de más de cinco siglos y que llegó a contar con tres plazas de toros abiertas en la ciudad de Barcelona.
Es una lesión más que socialistas y nacionalistas se autoinfligen en Cataluña, piensan que así perjudican al resto de España pero el daño solo se lo hacen a sus vecinos, a los cien mil catalanes que asistían a las corridas, y los siete millones que tenía derecho a hacerlo, lo cual para mí, como patriota, no es menos doloroso.
De la misma manera que no habrá toros, pronto dejarán de verse películas en castellano en los cines, como respuesta de las productoras a la imposición política de cuotas lingüísticas, ya no se elije lengua en la educación, con el consiguiente aumento del fracaso escolar entre los castellanohablantes, se sanciona por no rotular en catalán y a los niños de las escuelas de verano dependientes del gobierno de Montilla se les prohíbe ver a la selección nacional.
Cataluña pierde libertades, Cataluña se empobrece. En 2009, cuando el Estatut se ejecutó sin límite constitucional, esta autonomía fue la 13 de las 17 de España en crecimiento de renta.
Cada nueva barrera, comercial, lingüística o cultural, como es el caso taurino, supone un empobrecimiento moral pero también económico que es más fácilmente cuantificable.
La nueva norma por la que se crean las veguerías, como intento inconstitucional de suprimir las cuatro provincias catalanas vigentes desde 1.833, solo tiene como intención distinguirse del resto de España, inventando un nuevo hecho diferencial.
El nivel de demanda popular de este nuevo nivel administrativo era inexistente, pero también lo era el de un nuevo Estatut, solo pedido por el 5% de los catalanes, y finalmente el aparato mediático socialista-nacionalista y la negligencia de Rodríguez Zapatero lo han convertido en el mayor conflicto político-institucional de los últimos veinte años.
Recuperar las veguerías, cuyo resultado final será solo más coches oficiales y mayor gasto para la región más endeudada de España, que ya tiene dificultades para obtener préstamos, es tan estupido como si hoy restituyésemos el pontazgo, tributo que se pagaba al cruzar un puente en el medievo.
El cultivo de la diferencia y la falsificación histórica permite dividir naciones reales para generar otras inventadas.
