Sede de las Cortes de Castilla y León
No trabajan durante el año y van a trabajar en julio y en agosto. Miedo nos da. Eso quiere decir que vamos a tener que pagar extras, tanto en comisiones como en dietas y coches oficiales. Nos estamos refiriendo a los procuradores de las Cortes de Castilla y León.
Nos enteramos –aunque ya conocíamos su lentitud y desidia– que, además de no cerrar las Cortes, van a celebrar un pleno extraordinario para aprobar la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Y para eso se van a reunir? ¿No había tiempo durante el año? El Gobierno de Herrera Campo aún no se ha enterado que lleva un año de retraso en este tema. En otros lleva una eternidad. Lo de la renta puede esperar hasta septiembre y si no lo creen así es que hay gato encerrado, familiares afectados u otros oscuros intereses.
Cuando en Castilla y León se habla de la Renta Garantizada de Ciudadanía estamos hablando de una estafa en toda la regla. No solo lo piensa la ciudadanía, sino que lo confirman los propios políticos, aunque muchos tengan miedo a hablar para no perder el escaño regional y los favores del jefe. Dicha renta estaba comprometida para julio del año pasado; es cierto que se dio mucha publicidad en prensa, incluso se dio a entender que era la primera Comunidad que adoptaba tal responsabilidad, pero pasada la fiebre… nada de nada, como siempre. Y, dado que la foto quedaba bonita, aprovecharon la noticia para criticar al Gobierno central.
La forma de actuar del Gobierno regional de Herrera Campo ha hecho que el jefe de filas del PSOE en Castilla y en León haya calificado la gestión de Herrera como «ineficaz«; pero incluso ha llegado a decir que el Gobierno autonómico es «incapaz» y «vago«. Es tal la cantidad de trabajo pendiente del Gobierno de Castilla y León que no se han atrevido a marcharse de vacaciones. Se conoce que la conciencia no les daba tranquilidad; bien es verdad que hablar de conciencia en este tipo de personajes es demasiado serio y tal vez ocioso.
Cada vez merecen menos respeto quienes son incapaces de crear infraestructuras para que la juventud no se vea obligada a emigrar. Recordemos que el 93 % de quienes terminan alguna de las ramas de ingeniería en Castilla y León acaban trabajando en Madrid, Bilbao, Valencia o Barcelona. Mientras tanto Castilla y León acoge abundante mano de obra sin cualificar. Es cierto que todos somos necesarios, pero… en el cambio salimos perdiendo siempre.
Nos da igual que se tramiten las trece leyes pendientes y que se aprueben o se rechacen. En Castilla y León las Cortes no sirven para dar tranquilidad, y mucho menos para dar confianza a la ciudadanía. Ni siquiera llegan a la población; son un ‘bunker’ reservado para unos pocos privilegiados, aunque de vez en cuando se permita la visita institucional de rigor. Y si les indicamos que en la Comunidad se conoce a las Cortes como «Casa Gürtel», pues… cada cual que saque sus conclusiones.
Lo mejor es que se vayan de vacaciones. Ellos no tienen inconveniente en ‘trabajar‘, pero nosotros sí tenemos inconveniente en pagarles extras. Entre otras muchas atrocidades, algún día tendrán que explicar cómo es que reducen el sueldo de los trabajadores de la Junta de Castilla y León y, sin embargo, continúan dando ayudas y subvenciones a sindicatos, grupos, agrupaciones y fundaciones que en muchas ocasiones a nada conducen y de nada o casi nada sirven.
Como de costumbren confunden la orientación, la necesidad, la urgencia y la virtud. Y decimos esto último porque otra de las cuestiones pendientes es la Ordenación del Sistema de Salud. Miedo nos da. Si el Gobierno Herrera ha conseguido que la Comunidad esté hecha unos ‘zorros‘, es para echarse a temblar el hecho de saber que van a retocar el ámbito sanitario.
Por cierto, cambiando de tema, de nada sirve la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda. Con lo que dice la Constitución es suficiente, pues la realidad es bien distinta. El proyecto es una horterada y de ello damos fe, como horterada son muchas de las disposiciones educativas que publica la Consejería de Educación: la última desfachatez, por no llamarla estupidez, ha sido la «regulación del proceso de admisión del alumnado para cursar enseñanzas regladas de educación de personas adultas en centros públicos de la Comunidad de Castilla y León». Solo el desconocimiento y el afán de entorpecer el sistema educativo puede llevar a semejante barbaridad; la aplicación de tal norma llevaría a retrasar el inicio de cada curso y como los cursos de enseñanza reglada en los CEAs duran cuatro meses… pues eso. El profesorado no acaba de saber si quienes elaboran la normativa son cortitos o simplemente lo dan a entender. Tampoco entendemos a comprender si son tontos o se lo hacen.
