Miguel Barrachina, diputado del PP por Castellón.
Aunque todo el mundo hable solo de una crisis, la económica, España sufre al menos tres, ya que junto a aquella hay otras dos; la territorial y la institucional.
La crisis económica nacional, agravada por la situación mundial, es el producto de la desidia gubernamental, que hace que llevemos seis años sin adoptar ninguna medida modernizadora, y de la innecesaria elevación del gasto público de los dos últimos años.
Así, al reformismo económico del periodo 1996-2004 en el que incluso las últimas medidas de 2002 fueron contestadas con una huelga general, sobrevino el inmovilismo socialista, que con la justificación de un presunto diálogo social, ha paralizado la economía de la nación.
A esa etapa de indolencia económica de 2004-2008 sucedió la del derroche del gasto público, planes E, deducción de los 400 euros,…, como errónea salida keynesiana –de elevación del gasto público- a la crisis.
Con el agravante de que nuestros errores en economía han sido en solitario, alejándonos de nuestros socios y pasando en tiempo record a ocupar la cola europea. Como muestra un botón; en los dos último años en España se han creado 215.200 empleos públicos y destruido 2.200.000 privados, mientras Francia amortizaba 100.000 trabajos dependientes del Estado.
La crisis territorial viene manifestada por los fallidos referendos secesionistas de Cataluña que vive una deriva secesionista sin precedentes, en la cual Rodríguez Zapatero tuvo un papel principal salvando el Estatut, cuya inconstitucionalidad es manifiesta y las discrepancias en el Tribunal Constitucional se refieren a si son la mayoría o, una parte, de los artículos contrarios a nuestra Carta Magna.
Hoy ya es habitual oír al socialista Montilla, aunque sea con pinganillo en el Senado, referirse a “las relaciones entre España y Cataluña” como si esta no fuera parte de aquella.
Y la tercera de nuestras crisis, la institucional, se percibe en el constante desacato a nuestros tribunales, bien sea el Supremo cuando se juzga a Garzón, bien sea al Constitucional cuando socialistas y nacionalistas le amenazan a cuenta de una posible sentencia del Estatut.
A pesar de lo que hoy puedan pensar parados, pensionistas y empleados públicos, lesionados por el gobierno, Mariano Rajoy tendrá más fácil resolver nuestra crisis económica que la institucional y la territorial.
