Miguel Barrachina, diputado del Partido Popular por Castellón.
Mientras Rodríguez Zapatero, y su talante, imponen recortes unilaterales por decreto a jubilados y empleados públicos, el derroche prosigue y dos socialistas, nacidos en Andalucía, Montilla y Chaves, utilizan traductores para entenderse mientras hablan en el Senado, con sede en Madrid.
Particularmente soy muy partidario de las bromas, pero no con el dinero público, si Leire Pajín, Montilla y Cháves quieren fingir que no hablan español, como es su obligación constitucional, me parece bien, siempre que su parodia se la paguen ellos y no nos pasen la factura al resto de españoles.
Porque hoy ya no estamos para bromas, y especialmente no lo están los que han resultado más flagrantemente engañados por el gobierno, las madres, los dependientes, los jubilados, pensionistas y los funcionarios.
La bajada salarial a los empelados públicos es innecesaria y evitable, Zapatero pretende ahorrar 6.000 millones de euros a su costa, que es exactamente lo que derrochó durante su última campaña electoral con la deducción indiscriminada de los 400 euros, que repartió a 12 millones de españoles, incluido Emilio Botín.
Aquello, el regalito de los 400 euros, fue una exitosa compra de votos de Rodríguez Zapatero, que alcanzó también a las mayores rentas, que ahora pagan los tres millones de empleados públicos.
El conjunto del recorte, 15.000 millones de euros, era perfectamente evitable si no hubiesen tenido lugar los dos planes E y la referida deducción electoral, que suman 19.000 millones.
Es decir, solo evitando los tres últimos errores socialistas, de cuya peligrosidad fue reiteradamente advertido, hoy no tendrían que padecer el mayor recorte social de la historia de España los mayores, jubilados, madres, personas dependientes y empleados públicos.
Mariano Rajoy en estos dos años de legislatura ha ofrecido lealmente, hasta en tres ocasiones, un pacto de reducción del gasto público, -incluyendo congelación de salarios públicos, nunca reducción- que Zapatero rechazó prefiriendo gastar en solitario, alardeando de sacar a España de la crisis con miles de empleos y obras públicas, y ahora nos pide a todos que paguemos sus consecuencias, sus platos rotos, sin sonrojo.
Lo que nos ha ocurrido era evitable y previsible, hace exactamente un año escribí “la acción del gobierno con el Plan E, es decir, llevando a cabo actuaciones públicas improductivas con deuda, agrava la crisis, ya que deja hoy sin préstamos a los particulares y mañana les sube los impuestos…”.
Yya hace casi tres ejercicios advertí, supongo que como otros muchos, que el efecto expulsión –crowding out- de la iniciativa privada producto de la irresponsable modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que limitaba el endeudamiento municipal, terminaría con una norma que restituiría la citada prohibición.
Ahora ya tenemos prohibición de endeudamiento municipal, subida del IVA, y grandes recortes sociales. La economía es sentido común.
