La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Valladolid estimó, como medida cautelar, la suspensión de la resolución del consejero de Educación, Juan José Mateos, en la que se denegaba la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía por lo que queda sin «eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluado» según recoge la resolución judicial. Contra esta resolución cabe recurso de súplica en el plazo de cinco días ante esta misma Sala, según se desprende del auto.
Para mí, una magnífica noticia.
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