Jesús Salamanca Alonso
Hace algunos años que se inició la ‘Guerra de los Libros’ entre las comunidades autónomas. Competencia pura y sin riesgo político. Pero para ello no ha faltado la demagogia, junto con acertados proyectos de algunas comunidades. Unas dispensan libros prestados, otras cuantiosas ayudas económicas a las familias que reúnen ciertos criterios y otras se las ven y se las desean para competir en este terreno.
Quienes parecen menos dispuestas a competir y a ayudar a sus ciudadanos son Castilla y León, Madrid y Navarra. En el fondo de esos programas late un grave problema económico para las empresas familiares dedicadas a la venta del libro. Otra cuestión bien distinta son las grandes superficies, donde los importantes descuentos son destinados a otros productos. En esa competencia siempre salen perdiendo los pequeños comercios. La competencia desleal es brutal y, al final de la calle, lo que reluce es una popular medida que cierra pequeños comercios, exige dolorosas reconversiones, pierde puestos de trabajo, desciende el volumen de ventas y el sector atraviesa su particular desierto.
Con las políticas seguidas por las comunidades autónomas se ha conseguido beneficiar a un pequeño porcentaje de población, a cambio de infringir un serio castigo al sector librero, guiados muchas veces por promesas electorales que no se detienen en consecuencias inmediatas.
Muchos padres somos testigos de cómo en comunidades como Castilla y León existe demasiado ‘bombo y platillo’, para dar tres euros y medio a algunos, rechazar a la mayoría, olvidarse de las promesas electorales y reírse del ciudadano medio. Y en muchos casos comprobamos que la normativa educativa sigue los pasos que va dando otra comunidad, como es Navarra. Si la citada comunidad establece ayudas concretas, pues los ‘siervos’ de Juan Vicente Herrera también, aunque unos euros por encima. Y de paso, si se tiene en cuenta el umbral de renta variable según el número de hijos, pues se incluyen un par de variaciones para que no se note el plagio y se añade un tope. De pena y de risa, pero demostrable.
Cada comunidad sigue una fórmula y solo dos han llegado a la gratuidad total de libros para toda la enseñanza obligatoria. Si de lo que se trata es de ser complaciente con el ciudadano, la Administración debería conocer las fórmulas de los países de nuestro entorno y saber que el ‘cheque-libro’ es el más extendido. Pero no como se hace en alguna comunidad, que viene a ser un mero refrito de la nada, salvo el nombre; con excepción de Asturias y Cantabria, cuya orientación es acertada.
Lleguemos cuanto antes a la fórmula del ‘cheque-libro’ con todas sus consecuencias. En una palabra: el colegio extiende el cheque-libro; los padres se presentan en la librería; el librero lo cumplimenta y lo presenta al cobro en la Administración. Ésta, previamente, debe dar a conocer la relación de entidades colaboradoras donde el importe será reintegrado al librero. Existen más fórmulas semejantes.
Sin ninguna duda, la fórmula reseñada es la más acertada. Cómoda para los padres, rentable para los libreros, positiva para los editores y factible para la Administración. ¿Alguien piensa que es cara para el Erario Público? Bien, detráiganse partidas de otros muchos mediocres conceptos. Más caro sale la compra de armamento; la corrupción inmobiliaria de muchos ayuntamientos; dieciocho parlamentos en todo el Estado; parlamentarios con dos días de trabajo; senadores ‘desaparecidos’ y a quienes les dan las once en el catre; directores generales que fichan y se van de vinos toda la mañana; directores provinciales que abusan de la dejadez de funciones;…
