El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Internautas para solicitar la impugnación del Reglamento de la Ley Sinde y su suspensión cautelar.
Recogiendo con esta iniciativa las protestas de la Red y de la calle, la asociación presentó el recurso contra el Reglamento que desarrolla las funciones Comisión de Propiedad Intelectual, por cuanto «atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas a los jueces por Ley, y además, porque establece infracciones difusas y, sanciones sin la habilitación legal precisa, creando una notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos, en concreto, libertad de expresión y la libertad de información».
Por otra parte, aunque la Ley Sinde modificaba sustancialmente leyes como la de Comercio Electrónico, la de Propiedad Intelectual, y la de la Jurisdicción Contenciosa, la Asociación consideraba que «al desarrollarlas, el Reglamento contradice Sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que interpretan los límites que ha de tener en su alcance una norma de este tipo».
«Por estos motivos, y por las graves consecuencias que para los derechos fundamentales puede tener la puesta en marcha de una Comisión de Censura, en estas condiciones, sin que sus límites estén perfectamente definidos, la Asociación de Internautas considera imprescindible suspender la puesta en práctica de la norma aprobada por el Gobierno el pasado 30 de diciembre, hasta que exista una opinión judicial que la avale», recalcaba.
Asimismo, la Asociación de Internautas ofrecía su iniciativa a organizaciones, comunidades virtuales, sitios web y personas físicas que compartan y quieran respaldar esta petición al Tribunal Supremo, invitándolos a «suscribir un apoyo expreso para impedir que esta Ley liberticida prospere».
El Tribunal Supremo especifica en la diligencia en la que da por admitido el recurso que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal requerirá al Ministerio de Cultura «el expediente administrativo» correspondiente.
El escrito ordena también la creación de una pieza separada en la que los magistrados de la Sala se encargarán de estudiar la petición de suspensión cautelar de la Ley solicitada por la asociación de internautas.
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