La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, defiende que el Ministerio de Cultura no se lavó las manos ni miró para otro lado en el caso de la SGAE y apuesta por cambiar los modelos de las entidades de gestión y crear una auditoria pública obligatoria para su vigilancia y control.
En su comparecencia para informar con carácter urgente sobre las medidas de control del Ministerio de Cultura de las cuentas de la Sociedad General de Autores (SGAE), la titular de Cultura ha sido clara al respecto de las competencias de su Departamento: «¿Qué debería hacer el Ministerio de Cultura al respecto? Nada que no haya hecho», ha asegurado.
CUATRO PROPUESTAS
Sinde ha propuesto un paquete de cuatro medidas para mejorar el funcionamiento de las entidades entre las que destaca la modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual para impedir «la creación indiscriminada» de sociedades y fundaciones mercantiles.
Además propone crear una «auditoría pública de funcionamiento obligatoria» para todas las entidades de gestión y apuesta por resolver, aunque sea de forma «provisional» mientras Bruselas dicta su directiva sobre derechos de autor, la administración de competencias territoriales sobre el control de entidades de gestión, asuntos que serán debatidos en la próxima Conferencia sectorial.
Por último, la ministra ha propuesto la creación de un régimen sancionador especial para las entidades de gestión que no cumplan con sus actividades. Estas propuestas han sido anunciadas también durante su interpelación en el pleno del Congreso.
«DOBLEMENTE PERJUDICADOS»
Por otra parte, la titular de Cultura ha defendido a los autores que son los «doblemente perjudicados» y ha afirmado que no es admisible una causa general contra la propiedad intelectual y los derechos de autor. «El castigo lo merecen los responsables de las irregularidades no quienes sostienen con su trabajo la cultura», alega la ministra.
Asimismo, recuerda que podrían haber puesto en riesgo su patrimonio y erosionado su imagen pública. En esta línea, ha pedido que no se abra una «causa general» ni se cuestione «su derecho a cobrar por su trabajo y a reclamar a quienes obtienen un beneficio de él una contraprestación justa».
Por otra parte, González-Sinde ha recordado que el Ministerio de Cultura carece de competencias desde el año 1997 como consecuencia de los mecanismos de control dado el reparto competencial que estableció en esta materia la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional.
La ministra asegura que llevará esta «laguna legal» a la próxima Conferencia Sectorial de Cultura e intentará tratar el asunto en el marco de las competencias territoriales.
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