Un juzgado estadounidense ha respaldado la petición del fiscal de usar archivos y registros de asociados del fundador de Wikileaks, Julian Assange, como parte de la investigación que se lleva a cabo sobre la filtración de mensajes diplomáticos secretos desde embajadas estadounidenses por todo el mundo.
La jueza Teresa Buchanan, del estado de Virginia, emitió una orden el 14 de diciembre para que la red social Twitter entregara los registros de Assange y varias otras personas, incluyendo una miembro del Parlamento de Islandia, Birgitta Jonsdottir. Jonsdottir y otros dos de los afectados por los expedientes de solicitud desafiaron la orden y exigieron a la Corte que revelase cualquier otro secreto para sus registros de otros proveedores de servicios de Internet.
Buchanan se negó a rescindir su orden a Twitter porque dijo que los fiscales no estaban buscando el contenido de las comunicaciones y que las personas ya hicieron públicos sus comentarios en Twitter, así como sus vínculos a otros usuarios.
También rechazó los argumentos de que desvelar la dirección de Protocolo de Internet (IP) era una violación de la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra los registros e incautaciones. La juez consideró que estos razonamientos no eran razonables ya que las propias personas implicadas habían revelado su ubicación.
«Los peticionarios en este caso voluntariamente transmitieron sus direcciones IP al sitio web de Twitter, lo que expone la información a un administrador externo, y por lo tanto renuncian a cualquier expectativa razonable de privacidad», dijo Buchanan.
Buchanan originalmente firmó una orden para los fiscales sobre unos siete meses de información de Twitter, incluyendo quiénes se comunicaban, a quiénes seguían, y quiénes les siguieron. También solicitó información sobre la forma en que se conectaron, lo que podría determinar su ubicación en el tiempo.
También dictaminó que Jonsdottir no goza de protección por ser un miembro del Parlamento de Islandia, y señaló que fue incidental a la investigación, ya que había aceptado la política de privacidad de Twitter, asumiendo el riesgo de que sus discos duros podrían ser solicitados.
Los fiscales han estado investigando una amplia red tratando de determinar si Assange rompió alguna ley cuando obtuvo los cables diplomáticos clasificados y los divulgó a través en su página web. Un analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, Bradley Manning, es el principal sospechoso de haber filtrado dicha información.
Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representó al grupo para impugnar la solicitud de registros, ha dicho que apelará el fallo de Buchanan a un juez de Distrito de Estados Unidos.
«Desde nuestra perspectiva, el Gobierno no debería ser capaz de obtener información sobre comunicaciones de los usuarios de Internet, pero sobre todo, el Gobierno no debería ser capaz de hacerlo en secreto», ha manifestado el abogado de la ACLU, Adén Fine.
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