La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró este jueves que con la llamada Ley antidescargas se pretende atajar un problema de economía sumergida.
La Ministra respondió a la petición de dimisión realizada por los colectivos de Internautas ante lo que recordó que su continuidad es una decisión del presidente del Gobierno, con el que piensa estar a las duras y a las maduras. No se puede ser cobarde, dijo.
En el programa ‘Los Desayunos’ de TVE, la titular del Ministerio aseguró que el éxito de la ley antidescargas «se medirá por la oferta legal que se cree» y mostró su confianza en que la mayor seguridad jurídica genere un «gran desembarco» de contenidos legales en la red
Para González-Sinde, la descarga ilegal de contenidos a través de la ley es «una pérdida colectiva», al tratarse de «dinero que no tributa». Contra esto intenta luchar la llamada ‘ley Sinde’, que busca «nuevas normas de convivencia» ante el fenómeno de la red.
«Sería absurdo pretender que Internet no participe en la difusión de la cultura», indicó la Ministra pero ha sugerido a los titulares de las web de descargas que «se pueden reconvertir en un nuevo modelo de negocio».
La responsable de Cultura cree que el éxito de la norma no debe medirse por el número de páginas bloquedas, sino «por la oferta legal que vaya habiendo».
Para González-Sinde «lo importante es que haya una transformación» y que cuando se estableza un marco legal que genere seguridad jurídica, «las empresas culturales hagan por fin ese gran desembarco en la red» que el público está esperando.
CIERRE DE WEBS
La ministra ha reconocido que todavía no se sabe cuál será el plazo para cerrar una web que haya sido denunciada. «Veremos si el plazo es de 10 días, pero podría llegar a un mes», puesto que también se garantiza el derecho a la defensa del titular de la página.
González-Sinde recordó que las últimas enmiendas incorporadas al texto incluye la intervención de dos jueces «para mayor seguridad jurídica» en el proceso contra una web: «uno al principio del procedimiento, y otro al final».
También existe una Comisión de expertos a la que se debe dirigir quien quiera denunciar una página, que pide explicaciones al titular de la misma, y que «sirve para darle al juez el expediente hecho». No obstante, añadió que, ante opiniones distintas del magistrado y de la Comisión «gana el juez», ha aclarado.
Por otra parte, Sinde ha negado la versión de Wikileaks, según la cuál el Gobierno y los lobbys estadounidenses han presionado a España para aprobar esta ley. Ha recordado que Estados Unidos vuelve a incluir a España en la «lista negra» de países con más piraterías, por lo que «contentos, contentos, no parece que estén».
Para la ministra, las presiones de otros países y de las grandes industrias no serían más importantes que las de las pequeñas empresas culturales. También Rechazó que las filtraciones de Wikileaks sobre que esas presiones hayan obligado a los grupos políticos a apoyar la norma en las Cortes.
En lo concerniente a la legislación en otros países, González-Sinde comparó esta normativa, que persigue a quien se lucra con las descargas, con la que existe en Francia o Reino Unido, que ataca a los usuarios. También ha recordado que, mientras en Reino Unido está prohibida la copia privada, en el resto de países europeos «sí se permite copiar originales».
Ante la posibilidad de que una web de descargas traslade su servidor a otros país, la ministra ha reconocido que por ahora la ley afronta sólo el ámbito nacional, aunque no descarta futuras directivas europeas que regulen un ámbito más amplio.
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