El Tribunal Supremo ha remitido a la Fiscalía la cuestión de competencia elevada por el juez instructor del ‘caso Rato’ Antonio Serrano-Arnal para que el alto tribunal decida si debe ser la Audiencia Nacional o los Juzgados de Madrid quienes investiguen la causa abierta sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno.
El Supremo ha designado como potente de la resolución al magistrado Manuel Marchena. Una vez que el Ministerio Público remita su informe, éste elaborará una propuesta que será debatida por un Sala compuesta por tres jueces.
Serrano-Arnal planteó la cuestión el pasado 2 de octubre después de que el juez encargado del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, rechazara asumir el procedimiento. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que los delitos fiscales y de corrupción entre particulares que se imputan a Rato únicamente podrían ser investigados en la Audiencia Nacional si causaran «una grave repercusión a la economía nacional, lo que no se da en el presente caso».
Además, no ve conexión entre esta investigación y la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia y apunta que la mayor parte del blanqueo que se atribuye a Rato se cometió en territorio español y no en el extranjero.
Serrano-Arnal discrepa de estos argumentos y advierte que los juzgados de Madrid tienen un ámbito competencial y territorial «muy distinto» a los de la Audiencia Nacional. Indica también que el razonamiento de Andreu «no es sostenible» ya que se contradice cuando asegura que todos los actos presuntamente delictivos se produjeron en Madrid para manifestar, a renglón seguido, que parte de ellos ocurrieron en el extranjero.
El juez de Madrid informó al Supremo del punto en el que se encontraban las pesquisas sobre las irregularidades detectadas en el patrimonio de Rato y que desembocaron en su sorpresiva detención ‘exprés’ en abril.
En el escrito remitido al alto tribunal, dividía la investigación en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es «el beneficiario último» a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.
KRADONARA, CENTRO DE LA TRAMA
La sociedad de escasa actividad constituida en 2001 cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, dice el juez. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas, la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas. Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato.
Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su exmujer, Ángeles Alarcó. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.
Esta empresa encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e «ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias».
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