Un acaudalado ciudadano libanés necesitado de un trasplante de hígado ha sido detenido, junto a otros cuatro individuos, tras intentar, sin éxito, que se le realizara la intervención con donantes supuestamente voluntarios captados en España. Esta operación, coordinada por Agentes de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, y que ha contado con la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ha conseguido abortar el primer caso detectado en España de intento de compraventa de órganos.
La operación policial, que comenzó en junio del pasado año, se cerró con la retención del receptor en el Aeropuerto de Manises en Valencia el pasado 3 de enero, y del resto de implicados en las dos semanas posteriores. Según han comentado, todos menos el receptor son residentes en España, de ellos uno es de origen palestino y los otros 3 libaneses con vínculos familiares con el receptor.
Todos pasaron a disposición policial y, actualmente, se encuentran en libertad con cargos, y les ha retirado el pasaporte por un presunto delito de tráfico de órganos y se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel según tipifica el Código Penal. El proceso será llevado por el Juzgado numero 3 de Valencia, puesto que investigadores de la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Valencia son los que han realizado la investigación.
Las donaciones de vivo están autorizadas en España a pacientes de origen extranjero -no así el trasplante de donante fallecido-, aunque para ello debe pasar por un «protocolo muy estricto», con diferentes controles médicos y judiciales para garantizar que la donación se efectúa «sin coacción y sin ningún tipo de condicionante económico», ha explicado el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, quien ha estado acompañado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
El receptor, alcalde de una ciudad libanesa, ayudado de los otros detenidos, llegó a realizar la oferta a nueve personas – algunos inmigrantes ilegales y todos con grandes carencias económicas-, a las que se ofrecía, si finalmente se llevaba a cabo, hasta 40.000 euros. Para comprobar si eran aptos se costearon las pruebas y análisis médicos previos para comprobar la idoneidad por un valor de 12.000 euros, que fueron pagados por una empresa alicantina cuyos dos responsables se encuentran entre los detenidos.
Las pruebas fueron realizadas en una clínica privada de la que inicialmente no se tiene constancia que fuera conocedora de dicha compraventa ilegal, aunque debido a la complejidad de las pruebas que son necesarias para este tipo de trasplantes, a que todas fueron realizadas en un corto periodo de tiempo, y a que se utilizó de excusa la realización de chequeos médicos a turistas tratándose de personas de pocos recursos, será el juzgado el que valore una mayor investigación.
Los posibles donantes ilegales eran dos mujeres y siete hombres. Todos fueron rechazados a raíz de los análisis médicos, menos el hombre de nacionalidad rumana que llegó a personarse para que se practicara el trasplante, pero fue rechazado por el coordinador de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona al no tener la garantía de que el ciudadano rumano fuera familia ni allegado al receptor y carecer de pruebas que acreditaran el carácter altruista de la donación.
Finalmente el acaudalado libanés fue trasplantado en el hospital barcelonés, que practicó la intervención tras comprobar que, esta vez sí, el donante de vivo era su propio hijo, el cual ya había intentado ser donante de su padre en el Líbano pero había sido descartado, según Matesanz, debido a que por su juventud no era apto. Sin embargo, según explica el director de la ONT, la poca práctica de estas intervenciones en ese país y el descarte del hijo, unidos a la tolerancia que en Oriente Medio tiene respecto al intercambio de órganos, podría ser el motivo que ha llevado a este hombre, de 61 años, a buscar un donante ilegal en España posiblemente «dirigido y aconsejado» desde su país de origen.
Pese a que el equipo médico del hospital que tiene que evaluar y certificar el trasplante rechazó al donante rumano al considerar que no había una relación clara con el receptor, fue una ONG de ayuda a inmigrantes quien dio inicio a las investigaciones. Una de las posible donantes, la mujer argelina de 28 años en situación irregular en España -quien fue rechazada en la donación tras conocerse su embarazo en las pruebas-, fue quien informó a la organización que «dio la voz de alarma».
Cosidó, que ha destacado el especial compromiso de la Policía Nacional para luchar, en colaboración con las autoridades sanitarias, contra el turismo sanitario y el tráfico de órganos en España y, en definitiva, «su compromiso en la lucha con este fraude a la sanidad de todos los españoles»; también ha destacado que sin la colaboración de la ONG «no hubiera sido posible el desarrollo de esta operación».
Asimismo, el director de la Policía ha señalado que esta es una buena noticia porque muestra que «la incidencia de la donación de órganos es España es nula» y que «el sistema funciona», y lo muestra el hecho, como ha comentado posteriormente a la rueda de prensa, hasta ahora no ha existido una denuncia sobre trafico de órganos, siendo esta operación la primera y, además, con resultado positivo.
Matesanz ha destacado que este caso debe servir para aprender y mejorar, asimismo demuestra que «España no es inmune» al intento de tráficos de órganos, «una lacra del siglo XXI» muy al alza en algunos países con legislaciones más laxas. Asimismo, ha señalado que debido a que «es un peligro emergente en todo el mundo» y a la situación complicada a la que se enfrentan los inmigrantes en situación irregular, objetivo de mafias de tráfico de órganos que «explotan a la parte más débil de la sociedad», se hace necesario «estar alerta», para «detectar y abortar» casos como este.
En las donaciones de vivo (que en el caso del trasplante hepático consisten en una pequeña parte de este órgano) la ONT tiene un protocolo muy estricto, precisamente gracias a ese protocolo pudieron cotejarse los datos que tenía el hospital catalán con los de la denuncia y detectar al presunto comprador.
En cuanto a por qué no saltaron las alarmas antes, Matesanz ha explicado que en España un 20 por ciento de los trasplantes de donantes vivos se hacen a receptores extranjeros, por este motivo considera que el sistema de control que se realiza desde los hospitales es el correcto, y, aunque no se han podido facilitar datos sobre el número de donantes rechazados por los hospitales, ha recordado el que principal motivo es la «coacción» por parte de la familia.
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