El Gobierno revisará un total 2.600 normas de carácter estatal y autonómico que pueden suponen una barrera para la actividad económica en el marco del Plan de Racionalización Normativa que acompañará al Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, según anunciaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luís de Guindos, en la rueda de presa posterior al Consejo de Ministros.
Dicho plan constituye, tras la propia Ley, el segundo eje esencial de trabajo para recuperar un mercado único español similar al europeo y evitar la fragmentación del mercado nacional, tal y como vienen solicitando los operadores económicos, los inversores extranjeros y el consenso de organismos internacionales.
Su objetivo, según explicó Guindos, es «eliminar duplicidades y simplificar la vida de los pequeños y medianos empresarios», en lo que denominó como un «proceso de limpieza burocrática».
Así, en una primera fase en la que se han analizado 6.500 normas, el Ejecutivo ha estudiado si podían suponer una barrera a la unidad de mercado y si entraban en conflicto con la ley horizontal, entre sí o con el objetivo de unidad de mercado. Además, ha valorado si los mismos actos quedan sujetos a normas diferentes y si las intervenciones administrativas son necesarias y proporcionadas, con el objetivo de simplificar y mejorar la calidad de la regulación.
Tras el estudio inicial, en el que se identificaron 2.600 como perjudiciales, de las que un 30% son estatales y un 70% de rango autonómico, agrupadas en 29 sectores económicos, comienza ahora la eliminación de «trabas, dificultades y obstáculos» a la actividad empresarial, indicó el ministro.
Para simplificar el ordenamiento estatal, el Gobierno propondrá su modificación o derogación. Las estatales no afectan en todos los casos a la unidad de mercado en sentido estricto, sino que su identificación y evaluación se produce en buena parte porque se prevén actuaciones sobre ellas para establecer un marco más eficiente, por ejemplo sustituyendo las autorizaciones por declaraciones responsables o simplificando requisitos.
En concreto, el 27% de afectan al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; el 21%, al Ministerio de Fomento; el 20%, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo; y el 14%, al Departamento de Sanidad.
Según adelantó el ministro de Economía, la ejecución de esta racionalización a nivel estatal terminará en un plazo de seis meses, es decir, a mediados de 2014.
En cuanto a las autonómicas, el Gobierno puede encontrar mayores dificultades ya que forman parte de las competencias de las comunidades. Por ello, en los próximos tres meses convocará un total de 25 conferencias sectorial para tratar la distorsión que generan estas normas y proponer mejoras. «Estamos convencidos de que los comunidades van a colaborar», aseguró Guindos.
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